El Ministerio Público de Guatemala presentó el balance de los primeros cuatro meses de la gestión del fiscal general Gabriel Estuardo García Luna, con resultados en extorsión, narcoactividad y crimen organizado, además de una reorganización territorial y técnica para reducir brechas de personal, infraestructura y movilidad.
La Fiscalía contra el Delito de Extorsión realizó 44 operativos, 445 allanamientos y 662 aprehensiones, además de obtener 619 sentencias condenatorias. También logró inmovilizar 96 cuentas bancarias y evitó pagos por 6,94 millones de quetzales mediante la asesoría a víctimas.
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El coordinador nacional José Raúl López Lamadrid expuso el balance junto con las fiscales regionales Selma Raquel Sáenz Barrios y Friedel Alejandro Peña Rodríguez. La institución agrupó el trabajo de sus fiscalías de sección y unidades especializadas en siete bloques temáticos, sin alterar sus competencias legales.
Operativos contra narcoactividad y estructuras criminales
La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad reorganizó sus funciones y controles internos durante el período. Sus registros incluyen 34 operativos, 172 allanamientos solicitados, 167 aprehensiones y la erradicación de 30.540 arbustos de coca, además de incautaciones relacionadas con la producción y el traslado de estupefacientes.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado reforzó el acceso y uso de información para vincular incidencias, expedientes, personas y territorios. El área contabilizó 104 allanamientos, 19 solicitudes de órdenes de aprehensión, 18 acusaciones y nueve sentencias condenatorias.
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La Unidad Especializada Antipandillas Transnacionales implementó registros sistematizados de diligencias y efectuó 30 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Chiquimula, Escuintla y El Progreso. Estas acciones se coordinaron con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa.
La fiscalía especializada en lavado de dinero reportó 18 allanamientos, 28 órdenes de aprehensión ejecutadas, 59 sentencias y 60 personas condenadas. Además, sostuvo 71 reuniones de coordinación con la Intendencia de Verificación Especial y la Dirección de Análisis Financiero.
Nueve regiones con refuerzo de recursos y movilidad
El diagnóstico institucional identificó diferencias entre las nueve regiones del país en disponibilidad de personal, infraestructura y transporte. Como respuesta, el Ministerio Público homologó la asignación de recursos entre las fiscalías regionales.
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La región cinco, Suroriente, integrada por Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa, acumuló 487 allanamientos, 72 acusaciones, 30 sentencias y 706 órdenes de aprehensión generadas. En la región cuatro, Nororiente, que abarca Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso, se documentaron 82 allanamientos, 58 aprehensiones, 46 sentencias y 69 reuniones de coordinación interinstitucional.
La región ocho, Occidente, solicitó planes de persecución penal estratégica sustentados en mapas de calor y análisis de incidencia criminal. El trabajo en Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango derivó en 82 operativos.
La Dirección de Investigaciones Criminalísticas, DICRI, inició una reorganización después de detectar una falta acumulada de insumos básicos durante aproximadamente diez años sin procesos de licitación para adquirirlos. Su coordinadora, Kimberly Elizabeth Cano Jocol, indicó que se priorizaron guantes, mascarillas, bolsas para cadáveres y cinta adhesiva para el procesamiento de escenas del crimen.
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El organismo también trasladó temporalmente a técnicos para reforzar el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia, la Fiscalía de Distrito Metropolitano y la Fiscalía de Delitos contra la Vida, ante la falta de plazas suficientes. La redistribución de vehículos institucionales apuntó a mejorar la movilidad de la Fiscalía contra Secuestros, la Fiscalía de Derechos Humanos y las fiscalías municipales de Cuilco, Barillas y Jalpatagua.
La Dirección de Análisis Criminal revisó su estructura interna para optimizar la distribución de personal y unificar la calidad de sus productos analíticos. A la vez, se impulsó el fortalecimiento del Sistema Integrado de Identificación Balística, IBIS, mediante notificaciones automáticas sobre coincidencias balísticas entre investigaciones.
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La institución avanza además en la creación de una Unidad Especializada en Ciberdelitos para atender hechos vinculados con entornos digitales y en la reactivación de la unidad fiscal del Registro General de la Propiedad, enfocada en la seguridad jurídica y la protección del patrimonio registral.
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