La elección de Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para el período 2026-2031 se produce en un contexto de desacuerdos y críticas, marcados no solo por su trayectoria en la judicatura, sino también por sus lazos con figuras políticas y casos judiciales de alto impacto. El Congreso guatemalteco, único órgano colegiado en el país que efectúa una votación abierta y pública para este puesto, impulsó su designación en una sesión donde Molina Barreto propuso limitar el uso abusivo de la acción de amparo y denunció: “el 80 por ciento de las acciones que se presentan son improcedentes”, una cifra que, afirmó, está vinculada en gran medida al activismo político relacionado con el conflicto armado interno.
La carrera de Molina Barreto en la Corte de Constitucionalidad inició en 2006, acumulando dos períodos como magistrado titular y dos mandatos como presidente de la corte entre 2010 y 2015. Entre sus logros figuran la fundación en 2010 del Instituto de Justicia Constitucional, adscrito a la Corte, y la presidencia del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON) entre 2003 y 2005. Junto a su nombramiento, el Congreso eligió a Jorge Rolando Rosales Mirón como magistrado suplente. Molina Barreto, con más de treinta años de ejercicio en la abogacía, también dirigió la Procuraduría General de la Nación entre 2005 y 2006.
Acusaciones y cuestionamientos éticos sobre Molina Barreto
La Red de Información del Combate a la Impunidad en Guatemala indica que Molina Barreto enfrenta señalamientos por su ética y transparencia. Las acusaciones de nepotismo y corrupción judicial persisten, sobre todo por implicaciones en el caso Comisiones Paralelas 2014. Miembros de su familia, como su yerno —que recibió contratos estatales y fue destituido en 2012 tras ser procesado penalmente por intento de cobro de sobornos—, han sido citados como parte de presuntas prácticas irregulares vinculadas a su gestión.
El vínculo con la familia Ríos Montt, acusada por genocidio, se profundizó al postularse en 2019 como candidato a la vicepresidencia junto a Zury Ríos por el partido Valor. La candidatura no prosperó debido a impedimentos constitucionales, un antecedente que reavivó críticas por sus conexiones políticas. Bajo su mandato como magistrado, Molina Barreto votó en 2011 a favor de anular la condena de genocidio contra Efraín Ríos Montt y en 2015 se pronunció contra el retiro de inmunidad al expresidente Otto Pérez Molina, casos que han generado cuestionamientos acerca de su imparcialidad: “Las decisiones adoptadas durante su etapa como magistrado han sido objeto de especial examen”.
En su comparecencia ante la Instancia de Jefes de Bloque en el Congreso, Molina Barreto defendió su postulación subrayando la urgencia de reformar los mecanismos legales para evitar abusos en la presentación de amparos, alegando que muchos de estos recursos tienen fines políticos o se relacionan con el legado del conflicto armado. Este argumento fue central en su defensa ante los señalamientos existentes.
Involucramiento en investigaciones judiciales de alto perfil
El nombre de Molina Barreto aparece en las investigaciones del caso Fénix, relativo a una red de lavado de Q350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003. Según investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval, Molina Barreto desempeñó el papel de notario en empresas asociadas con Gustavo Herrera, identificado como cabecilla de la estructura y actualmente asilado en Nicaragua. Las empresas Fabricación de Químicos S. A. y Jakyll Propierties S. A. están bajo investigación por su vinculación al desfalco, que afectó a miles de jubilados al desviar fondos destinados a vivienda social.
En medio de estos señalamientos, la figura pública de Molina Barreto genera permanente controversia. Ha dirigido críticas a los medios, a quienes atribuye responsabilidad en amplificar la crisis política y generar división social, y ha expresado apoyo a la fiscal general Consuelo Porras, mencionada en la lista Engel por corrupción, lo que intensifica el debate nacional sobre transparencia y rendición de cuentas en la justicia de Guatemala.
El proceso de integración de la Corte de Constitucionalidad contempla la selección de magistrados titulares y suplentes por cinco entidades: el Organismo Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El Congreso participa mediante un procedimiento abierto y público, con el propósito de favorecer la transparencia institucional en medio de un entorno político y judicial marcado por tensiones y cuestionamientos.
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