La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que el proceso que sigue el Congreso de la República de Guatemala para seleccionar nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral puede poner en riesgo la independencia del organismo y afectar la confianza pública en la democracia del país. La entidad internacional recomendó de forma urgente elevar el rigor de los estándares aplicados en la designación de magistrados, señalando que la opacidad actual podría debilitar la legitimidad institucional a mediano y largo plazo.
En un informe dirigido a la Junta Directiva y los Jefes de Bloque parlamentarios, la OEA insistió en que los criterios adecuados para la selección son la idoneidad, la transparencia, la imparcialidad y la rendición de cuentas. Señaló que, en la etapa inicial del actual proceso, los procedimientos empleados no garantizan estos valores fundamentales, lo que facilita decisiones discrecionales y dificulta tanto el control ciudadano como el entendimiento colectivo del proceso.
Como resultado, la Misión detectó debilidades sustanciales en la fase de selección de candidatos. Subrayó la presencia de postulantes que enfrentan objeciones y señalamientos públicos graves, y alertó sobre el riesgo de que estos no sean investigados ni resueltos exhaustivamente. En muchos casos, las objeciones no reciben una revisión suficiente, lo que podría deteriorar la percepción de legitimidad de todo el proceso electoral.
Puntos críticos de la evaluación inicial y déficit de transparencia
La OEA señaló que la comisión postuladora del Congreso concedió prioridad a factores meramente administrativos para evaluar a los candidatos, dejando de lado la necesidad de asegurar perfiles independientes y honorables para integrar el Tribunal Supremo Electoral.
Según la Misión, la deliberación se lleva a cabo sin la necesaria publicidad ni justificaciones claras respecto a los resultados. Reclamó al Congreso: “Evitar decisiones percibidas como discrecionales o insuficientemente fundamentadas”, argumentando que la ciudadanía carece de acceso a información fundamental sobre el proceso y el historial de los postulantes.
Recomendaciones para el fortalecimiento institucional
La Misión Especial instó al Congreso a implementar cambios inmediatos en la etapa final de selección, haciendo hincapié en la realización pública de las entrevistas a los 20 nominados para las magistraturas titulares, suplentes y alternas. Solicitó que estas instancias sean abiertas, bajo reglas predefinidas, tiempos equitativos y preguntas orientadas a evaluar la independencia, integridad y capacidad técnico-jurídica de los aspirantes.
La OEA también pidió que el acceso a los expedientes, hojas de vida y criterios de evaluación sea completamente público. De este modo, la ciudadanía, los medios de comunicación y los observadores internacionales podrían verificar la consistencia y mérito de los postulantes en tiempo real.
Se enfatizó que los estándares de probidad y honorabilidad deben estar basados en criterios objetivos y no limitarse a formalidades legales, para garantizar una autoridad electoral sólida. Recomendó que la decisión final sobre los miembros del Tribunal Supremo Electoral se tome en sesiones públicas y con una motivación detallada y explícita para cada nombramiento.
El documento instó a “fortalecer la legitimidad del proceso, la confianza ciudadana y la institucionalidad democrática”, destacando la importancia de permitir la participación de organismos independientes nacionales e internacionales como veedores del proceso.
Advertencias sobre el impacto futuro de la falta de transparencia
La Misión Especial advirtió que la debilidad en las entrevistas públicas y las herramientas de evaluación podría afectar la percepción de independencia del Tribunal Supremo Electoral ante la población. Indicó que la falta de mecanismos sólidos para asegurar la transparencia puede poner en duda la legitimidad de los próximos comicios y minar la confianza en la democracia guatemalteca.
En su exhortación al Congreso, la OEA precisó la obligación de realizar una sesión pública transparente y justificar las designaciones de las autoridades electorales bajo los más altos estándares internacionales de escrutinio.
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