El Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos de Guatemala instó a la suspensión de las obras del Aerómetro mientras no se presenten estudios independientes, una comparación seria de alternativas y mayor transparencia en la toma de decisiones. El proyecto, valorado en USD 220 millones, se desarrolla en medio de una agudización de la crisis de movilidad en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala, situación que afecta diariamente a miles de ciudadanos y que no ha recibido soluciones integrales por parte de las autoridades.
La viabilidad técnica y social del Aerómetro permanece en entredicho, ya que el CEUR remarcó que las zonas escogidas para instalar el teleférico no cumplen con criterios sólidos de demanda poblacional ni de beneficio urbano, aspectos que deberían ser prioritarios ante cualquier inversión de esta magnitud. La entidad académica fue tajante al exigir: “Pausa técnica y administrativa inmediata”, que incluya la participación informada tanto de la academia como de la sociedad civil, antes de que se adopten decisiones irreversibles para la ciudad.
Confrontación legislativa y dudas legales
El avance del Aerómetro ha derivado en un profundo enfrentamiento político en el Congreso de Guatemala, después del recurso de amparo presentado por legisladores oficialistas del partido en formación Raíces, quienes buscan detener las obras señalando presuntas irregularidades en la concesión y cuestionando el interés público detrás del proyecto. El diputado Samuel Pérez acusó un proceso carente de transparencia y advirtió, según medios locales, sobre “irregularidades” tanto en los procedimientos legales como administrativos.
En contraste, desde la bancada CABAL, el diputado Julio Héctor Estrada ha defendido la infraestructura al afirmar: “El Aerómetro representa una inversión privada de 200 millones de dólares, no dinero público”. Estrada opinó que frenar el proyecto “por motivos políticos” solo agravaría la crisis de tránsito que vive la capital. Esta postura desafía tanto las iniciativas judiciales como el apoyo manifestado anteriormente por el presidente Bernardo Arévalo al plan de movilidad propuesto.
Falta de articulación y llamados a transparencia
El CEUR advirtió que la ciudad enfrenta propuestas de movilidad “fragmentadas” y con baja integración, impulsadas principalmente desde la Municipalidad capitalina sin un sustento técnico suficiente. Estas iniciativas, afirma el centro, han dado resultados limitados y no aportan soluciones estructurales ante el crecimiento del congestionamiento vehicular.
El escenario político se tensó cuando el Ministerio de Finanzas recortó en 50 % el presupuesto del Metro, reasignando recursos a otros proyectos de infraestructura. Este ajuste presupuestario solo incrementó la urgencia de encontrar opciones sustentables en el corto plazo frente al caos vial que afecta a la población, mientras diversos actores políticos señalan la falta de transparencia y criticidad técnica en las propuestas actuales.
El CEUR demanda que cualquier intervención priorice la integración metropolitana y el beneficio social respaldados por estudios técnicos confiables. Demandó la publicación y socialización de información detallada sobre demanda, costos operativos e inversión antes de definir un curso de acción definitivo. Destacó que toda solución debe estar alineada a un plan integral de movilidad, articulado al ordenamiento territorial y aprobado por las autoridades correspondientes, en lugar de avanzar por la vía de acciones aisladas.
La discusión pública sobre el Aerómetro ha revelado la necesidad fundamental de orientar los esfuerzos hacia propuestas que aseguren mayor cobertura y capacidad de respuesta para la población. El futuro inmediato del proyecto queda supeditado a la presentación de estudios técnicos independientes y a una evaluación multisectorial que privilegie el bienestar general sobre criterios puramente políticos o comerciales.
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