Salvadoreño condenado por portación ilegal de armas es entregado a autoridades guatemaltecas

Las autoridades de El Salvador entregaron esta semana a José Alberto Pérez, ciudadano salvadoreño de 65 años, quien era requerido por la justicia guatemalteca por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas. La entrega se realizó el 12 de febrero en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la Ciudad de Guatemala, en un operativo coordinado entre la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, la Interpol y funcionarios del Instituto Guatemalteco de Migración.

De acuerdo con la información oficial publicada por la PNC de Guatemala, Pérez era solicitado por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Ejecución Penal de Chiquimula desde el 28 de enero de 2025. La orden de captura obedecía a la acusación de portación ilegal de armas, una infracción tipificada en la legislación guatemalteca y que conlleva penas privativas de libertad, especialmente cuando existe reincidencia o la portación se realiza en zonas de alta conflictividad.

La entrega del extraditado se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Agentes de Interpol Guatemala recibieron a Pérez en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración. El procedimiento incluyó la revisión de documentos, la verificación de la identidad del extraditado y el registro fotográfico del momento, tal como se evidencia en imágenes difundidas por la PNC. En las fotografías, se observa a Pérez acompañado por agentes guatemaltecos, con banderas nacionales de fondo y la presencia visible de personal de Interpol. La PNC destacó la relevancia de la cooperación internacional en la persecución de delitos transfronterizos y agradeció la colaboración de las autoridades salvadoreñas para concretar la extradición.

Pérez había permanecido prófugo desde el año pasado, tras emitirse la orden judicial en su contra. La captura y entrega del individuo representa un ejemplo de la efectividad de los mecanismos de alerta y búsqueda internacional, como las notificaciones rojas de Interpol, que permiten a los países miembros coordinar acciones para la localización y detención de personas requeridas por diferentes delitos. Si bien la notificación roja no equivale a una orden de detención internacional, facilita la cooperación entre las fuerzas policiales y judiciales de los países involucrados.

La portación ilegal de armas de fuego en Guatemala es un delito de alta sensibilidad, debido a su vinculación con otros ilícitos como el sicariato, la extorsión y el crimen organizado. Las autoridades guatemaltecas mantienen operativos constantes para la identificación y captura de personas que infringen la ley en este ámbito, utilizando herramientas tecnológicas, inteligencia policial y convenios de cooperación con organismos internacionales. La extradición de Pérez se suma a una serie de acciones recientes orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la aplicación de la justicia en casos de delitos graves.

Reciente entrega de prófugo acusado de asesinato y secuestro

La extradición de José Alberto Pérez ocurre en un contexto de creciente colaboración entre las autoridades de El Salvador y Guatemala para combatir el crimen transnacional. Apenas la semana pasada, El Salvador entregó a Guatemala a un ciudadano guatemalteco identificado como Erick “N”, de 26 años, quien era buscado por los delitos de asesinato y secuestro. La operación, coordinada entre la PNC de ambos países y la Interpol, se concretó en la frontera Las Chinamas, Jutiapa, luego de que Erick “N” permaneciera prófugo desde septiembre de 2025. El proceso fue posible gracias a una notificación roja de Interpol Guatemala, permitiendo su localización y posterior traslado para que enfrente la justicia guatemalteca.

La cooperación regional, reflejada en estos procedimientos de extradición, responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de intercambio de información y apoyo mutuo para la persecución de personas acusadas de delitos graves. Según las autoridades, estos operativos conjuntos son clave para combatir la impunidad y garantizar que los acusados enfrenten los procesos judiciales correspondientes en su país de origen.