El panorama judicial de Guatemala enfrenta un nuevo capítulo tras la reciente elección de Astrid Lemus (magistrada titular) y Luis Bermejo (magistrado suplente) como representantes de la Corte de Constitucionalidad (CC). De acuerdo con el medio Emisoras Unidad, en un esfuerzo por blindar el proceso democrático del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), el diputado José Chic interpuso una acción constitucional de amparo con carácter preventivo.
El objetivo del recurso es asegurar que los magistrados electos puedan asumir sus cargos sin interferencias externas y proteger la voluntad expresada en las urnas por los profesionales del Derecho.
La acción legal surge como una respuesta inmediata a los incidentes registrados durante la segunda vuelta de votaciones del CANG. Según denunció el legislador, el proceso se vio empañado por la irrupción de elementos armados y encapuchados vinculados al Ministerio Público, quienes bajo el argumento de un caso “bajo reserva”, generaron un clima de intimidación en los centros de votación el pasado 12 de febrero.
Un escudo legal contra la interferencia externa
El amparo presentado por Chic busca que el Congreso de la República garantice la toma de posesión de los abogados Astrid Lemus y Luis Bermejo, quienes resultaron ganadores para ocupar los puestos de magistrada titular y magistrado suplente, respectivamente.
La preocupación del congresista radica en que se utilicen mecanismos legales o judiciales para entorpecer la alternancia en el poder, de forma similar a los intentos observados en procesos electorales anteriores.
“Todos vimos la acción que realizaron en dos de los centros de votación. Llegaron incluso diciendo que había un caso bajo reserva”, señaló Chic. Para el legislador, estas acciones sugieren la puesta en marcha de una estrategia para deslegitimar los resultados mediante la invención de irregularidades que carecen de sustento.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la supuesta creación de una narrativa por parte del ente investigador que sugiere el uso de miles de carnés de identificación falsos durante la jornada electoral. Según el diputado, se intenta posicionar la mentira de que aproximadamente 3,000 personas votaron de manera ilegítima, un argumento que Chic califica como falso.
La acción de amparo busca específicamente que la justicia ordene al Ministerio Público cesar cualquier intento de revisar el padrón electoral del gremio o de realizar allanamientos en los centros de votación que tengan como fin último anular la decisión de los abogados.
Según fuentes jurídicas consultadas y reportes de organizaciones como Movimiento Pro Justicia, la transparencia en la elección de magistrados para la máxima corte es vital, ya que esta institución es la encargada de defender el orden constitucional del país.
El carácter preventivo: Evitar el entorpecimiento democrático
En el derecho guatemalteco, el amparo preventivo se utiliza cuando existe una amenaza inminente de que se violen derechos fundamentales o se rompa el orden legal. En este contexto, el derecho que se busca proteger es el de la “libertad de elección” y el cumplimiento de los mandatos constitucionales.
La Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal del país y sus decisiones son inapelables. Por ello, la llegada de nuevos magistrados bajo un proceso libre de tachas es considerado un asunto de seguridad nacional.
La resolución de este amparo en las próximas horas será determinante para saber si prevalecerá el resultado de las urnas o si el proceso entrará en una fase de judicialización que podría retrasar la renovación de la corte más importante de toda Guatemala.
La elección realizada por el gremio de abogados es apenas la primera pieza de un rompecabezas institucional de gran magnitud, ya que este proceso definió a parte de los integrantes de la próxima gestión del tribunal. En las semanas venideras, el país será testigo de las cuatro designaciones restantes, las cuales están bajo la responsabilidad del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia de la Nación y la Universidad de San Carlos.
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