La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó sobre el deterioro acelerado de la seguridad alimentaria en Guatemala y solicitó USD 11,8 millones para implementar un programa de emergencia enfocado en las comunidades rurales más afectadas. Esta demanda financiera surge en un contexto donde la pobreza y los eventos climáticos extremos impulsan un ciclo de vulnerabilidad persistente en vastas zonas del país.
Según las proyecciones de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), durante el primer trimestre de 2026, más de 3 millones de personas –equivalente al 16 % de la población guatemalteca– afrontarán una situación de inseguridad alimentaria aguda clasificada en Fase 3 o superior. Este nivel implica un compromiso severo del bienestar nutricional y obliga a una intervención urgente.
Corredor Seco y Polochic: epicentros de la crisis climática
El Plan de Emergencia y Resiliencia 2026-28 presentado por la FAO establece como prioridad el Corredor Seco, una franja geográfica donde la transición de condiciones semiáridas a áridas amenaza con desintegrar la agricultura familiar. Además, la estrategia abarca el Valle del Polochic y el Sur de Petén, territorios donde la pobreza multidimensional y la exclusión territorial agravan el impacto de la crisis.
El documento de la FAO advierte: “La frecuencia creciente de eventos como sequías e inundaciones compromete la producción agrícola”, lo que obliga a miles de familias a migrar debido a la degradación de suelos y la pérdida reiterada de cosechas. En esta dinámica, la vulnerabilidad ambiental se entrelaza con factores estructurales de exclusión.
Estrategia de asistencia y resiliencia: metas concretas
Durante los próximos tres años, la FAO proyecta beneficiar a 18.500 hogares –alrededor de 92.500 personas– a través de un enfoque que integra la ayuda humanitaria con iniciativas de desarrollo sostenible. Entre las acciones previstas figuran la implementación de sistemas de cosecha de agua, la entrega de semillas mejoradas y la provisión de transferencias monetarias para evitar la venta forzada de activos productivos en los hogares más vulnerables.
El plan plantea, además, la ejecución de acciones anticipatorias frente a sequías e inundaciones, lo que busca reducir los daños antes de que ocurran los eventos climáticos extremos y fortalecer la capacidad de adaptación comunitaria.
Antecedentes y urgencias estructurales
La vulnerabilidad del Corredor Seco Centroamericano ante el cambio climático se ha intensificado durante los últimos años, con consecuencias directas en la seguridad alimentaria y la subsistencia de más de 10 millones de habitantes que dependen casi exclusivamente de la agricultura.
Esta región, que comprende cerca del 30% del territorio centroamericano y se extiende desde el sur de México hasta el noroeste de Costa Rica, enfrenta sequías cada vez más frecuentes, pérdidas de cosechas y condiciones de pobreza crónicas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Organizaciones como la FAO y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han impulsado programas destinados a fortalecer la resiliencia de las comunidades vulnerables.
En 2024, Honduras, Guatemala y El Salvador, junto con la FAO y la Agencia Brasileña de Cooperación, lanzaron un proyecto orientado a potenciar la agricultura familiar y optimizar el uso de recursos hídricos en la zona, de acuerdo con prensa.sag.gob.hn. Estas iniciativas buscan romper el círculo de pobreza que afecta al 60% de la población que reside en el Corredor Seco, donde las cosechas de maíz y frijol, alimentos básicos locales, sufren continuamente por el clima impredecible.
La persistente degradación ambiental en el Corredor Seco, sumada a la falta de acceso a servicios básicos y oportunidades económicas, configura un escenario de alta fragilidad.
A lo largo de la última década, Guatemala ha experimentado múltiples crisis de disponibilidad alimentaria, donde los efectos del cambio climático se agravan por la desigualdad y la limitada cobertura de políticas públicas.
La solicitud de recursos por parte de la FAO amplifica el llamado a la cooperación internacional para impedir un deterioro mayor en la seguridad alimentaria. El reto no solo reside en la asistencia inmediata, sino en la creación de resiliencia social y productiva para romper el ciclo de emergencia que afecta a los territorios rurales.
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