La ofensiva desplegada bajo el estado de sitio en Guatemala ha dejado resultados tangibles en materia de seguridad y control penitenciario, según datos oficiales presentados el lunes.
Entre los efectos más notables, las autoridades reportaron una disminución del 5% en los homicidios respecto al mismo periodo del año anterior y una reducción del 32% en las extorsiones en comparación con el mismo periodo de 2025.
Las medidas forman parte de una estrategia encaminada a debilitar las estructuras criminales, garantizar la tranquilidad ciudadana y cortar los privilegios de sectores delictivos dentro de las cárceles.
En las tres semanas que lleva vigente la medida, las fuerzas de seguridad han incrementado la presión sobre los centros penitenciarios y los grupos que operan al margen de la ley.
El presidente Bernardo Arévalo explicó que uno de los operativos destacados, denominado “Renovación 1”, logró contener los intentos de un grupo de reclusos por recuperar beneficios que habían sido eliminados en el proceso de recuperación del sistema penitenciario. El líder de la pandilla Barrio 18 permanece aislado en un sector especialmente reforzado y sin acceso a privilegios ilegales, mientras avanza lareconstrucción parcial del penal.
En el marco de estas acciones, se implementaron nuevas medidas de seguridad, incluyendo zonas de reclusión delimitadas por mallas eléctricas y celdas reforzadas. Estos controles tienen como objetivo impedir la comunicación entre cabecillas encarcelados y sus cómplices en las calles.
“Es fundamental romper las estructuras”, señaló Arévalo, quien enfatizó que “nuestro pueblo exige control y nosotros respondemos con acciones claras”.
El ministro de Gobernación, Marco Villeda, subrayó la cooperación institucional y la coordinación con Estados Unidos en el marco de lo que describió como “seguridad democrática”.
Aclaró que “no existe negociación con criminales” y que ningún privado de libertad condiciona, ni condicionará las decisiones de Estado. “La autoridad se ejerce con hechos y elecciones que garantizan el control institucional y la continuidad operacional”, declaró Villeda, y anticipó la presentación de datos clave que justifican la importancia estratégica de la seguridad.
Desde el inicio del estado de sitio, según precisó el titular de Gobernación, las autoridades llevaron a cabo 3.548 operativos policiales, logrando la captura de 2,998 personas, de las cuales más de 2,000 fueron arrestadas en flagrancia.
Entre los detenidos destacan seis solicitados en extradición, 78 pandilleros y 100 extorsionistas. Además, se desmantelaron 15 sistemas ilegales de videovigilancia que los grupos delictivos operaban en entornos bajo su control.
El gobierno remarcó que la continuidad de la medida excepcional sigue bajo análisis presidencial, pero adelantó que las operaciones conjuntas entre la Policía y el Ejército de Guatemala no se detendrán mientras persista la amenaza de la criminalidad organizada y exista riesgo para la población.
Arévalo recalcó la promesa de mantener una postura firme y continuada contra los grupos que convierten el crimen en su negocio.
“Vendrán más golpes en contra de estos criminales y la narcopolítica”, advirtió. Así, definió como un objetivo central garantizar que la población pueda retomar sus actividades diarias sin temor y en un ambiente de calma.
Villeda, también expuso la importancia que tiene, que por primera vez en la historia de Guatemala, las autoridades cuenten con un censo penitenciario que abarca al 100 % de la población reclusa. La operación, desarrollada en un plazo de tres meses, permitió registrar a cada persona privada de libertad y verificar con precisión la identidad, el delito cometido y la presencia física de los internos en cada centro.
El resultado final ofrece, según las cifras oficiales, plena claridad sobre quiénes se encuentran en cada prisión. Este proceso de sistematización permitió la construcción de una base de datos sólida y confiable sobre la identidad de 23,837 personas privadas de libertad. De ese total, las autoridades del Sistema Penitenciario (SP)contabilizaron 2,545 terroristas activos de la pandilla del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS).
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