La Enmienda 3 en Florida pone en alerta a policías y bomberos rurales

Funcionarios de seguridad pública de Florida advirtieron que la Enmienda 3 podría provocar mayores tiempos de respuesta, recortes de servicios y la fusión de pequeños departamentos policiales y de bomberos si resulta aprobada en las urnas el 3 de noviembre.

La propuesta plantea ampliar la exención tributaria para viviendas principales, que pasaría de USD 50.000 a USD 150.000 en 2027 y a USD 250.000 en 2028. Para entrar en vigor, la iniciativa deberá recibir el respaldo del 60 % de los votantes.

Sheriffs, bomberos, policías y técnicos de emergencias médicas se sumaron a autoridades locales para rechazar la medida. Esos sectores sostienen que la reducción de ingresos por impuestos a la propiedad tendría un impacto difícil de absorber en los condados con menor población, informó CBS News Miami, con aportes de News Service of Florida.

Los condados rurales temen perder recursos para servicios esenciales

El sheriff del condado de Gadsden, Morris Young, afirmó que el financiamiento de las fuerzas de seguridad depende de los ingresos que la propuesta reduciría. “La delincuencia baja porque trabajamos duro para que baje. La Enmienda 3 va a quitar fondos, y eso significa que habrá menos agentes en las calles”, declaró ante periodistas en Tallahassee, de acuerdo con el medio.

La advertencia se centra en que los municipios y condados rurales cuentan con presupuestos más limitados y menos alternativas de recaudación para mantener servicios esenciales. Los opositores de la iniciativa señalaron que cualquier reducción de personal podría afectar patrullajes, investigaciones, atención médica de urgencia y respuesta ante incendios.

La medida fue impulsada desde la oficina del gobernador Ron DeSantis, quien defendió la reducción tributaria como una forma de que los propietarios conserven una porción mayor de sus ingresos. “Nuestra gente necesita y merece que una mayor parte de su dinero permanezca en sus bolsillos, en vez de enviar más recursos a los gobiernos locales”, aseguró el mandatario republicano en una publicación en X.

El caso de Wewahitchka expone el riesgo para las policías pequeñas

En el condado de Gulf, el sheriff Mike Harrison explicó que la ciudad de Wewahitchka, con poco más de 2.000 habitantes, paga desde hace dos décadas el salario de un agente del condado para acceder a servicios de seguridad.

Harrison sostuvo que, si la enmienda es aprobada, el municipio podría no contar con fondos suficientes para mantener ese acuerdo. “No veo cómo podrían mantenerse a flote. Pero, si lo logran, no van a poder pagar los servicios policiales”, manifestó en declaraciones recogidas por CBS News Miami.

El sheriff también indicó que su oficina debe garantizar por ley la seguridad del tribunal del condado de Gulf, una tarea que incluye la asignación de alguaciles judiciales. Sin embargo, las autoridades del condado le comunicaron que podrían eliminar entre dos y tres puestos financiados para la oficina del sheriff si prospera el cambio fiscal.

Para Harrison, el efecto de esas decisiones se reflejaría especialmente durante las emergencias nocturnas o en zonas alejadas. “Cuando se responde a disparos a las 2 de la mañana, uno quiere saber que llegará apoyo, no que ese apoyo está a 45 minutos”, alertó.

Bomberos advierten sobre una menor capacidad ante huracanes

Las objeciones también alcanzaron a los servicios de bomberos. Nick Gradia, bombero del condado de Escambia y dirigente del sindicato Florida Professional Firefighters, relató que su jurisdicción colaboró con el vecino condado de Santa Rosa luego de que el huracán Isaias tocara tierra en el noroeste del estado a comienzos de octubre.

Gradia afirmó que Santa Rosa cuenta con varios distritos de bomberos independientes de pequeña escala, los cuales no habrían tenido recursos para afrontar por sí solos los daños provocados por la tormenta. El apoyo de equipos de otros condados, explicó, resulta determinante cuando una emergencia supera las capacidades locales.

“Si todos tienen que ajustar sus presupuestos, ¿qué se recorta? ¿Se pierde la capacidad de que los equipos más grandes lleguen para ayudar?”, planteó el bombero. También cuestionó qué ocurriría si se reduce ese respaldo y los sistemas locales, ya limitados, no pueden responder a su propia demanda.

Legisladores republicanos se sumaron al rechazo

Aunque DeSantis, el Partido Republicano de Florida y la asociación Florida Realtors respaldan la Enmienda 3, algunos dirigentes republicanos del Legislativo expresaron su oposición. Entre ellos figuran el presidente del Senado estatal, Ben Albritton, y la senadora Kathleen Passidomo, ambos votaron previamente para que el electorado pudiera decidir sobre la propuesta.

Albritton, representante de Wauchula, sostuvo en un comunicado difundido este mes que la Enmienda 3 eliminaría hasta el 30 % de los recursos de los condados rurales de Florida. A su juicio, ese escenario afectaría el financiamiento destinado a fuerzas de seguridad, atención de emergencias e infraestructura crítica.

La decisión final quedará en manos de los votantes de Florida el 3 de noviembre, cuando la propuesta deberá alcanzar el umbral constitucional del 60 % para ser aprobada.