El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó su intervención en las elecciones locales tras emitir citaciones judiciales contra funcionarios del condado de Los Ángeles, en California. La medida federal exige registros sobre supervisión de padrones y la comparecencia de empleados electorales ante un tribunal el 4 de noviembre, tras los comicios. La disputa generó tensión institucional por el impacto de la orden en el escrutinio postal.
El origen del litigio surge del reclamo del gobierno federal para impedir el cómputo de sufragios en el estado. La administración que encabeza Donald Trump presentó una demanda para apartar hasta 20.000 papeletas vinculadas a presuntos votantes no ciudadanos, con el objetivo de retenerlas hasta verificar su estatus legal.
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Aunque la legislación califica de ilegal el voto de extranjeros sin ciudadanía, los datos recopilados por la agencia Associated Press (AP) indican que se trata de un fenómeno extremadamente inusual.
El Departamento de Justicia emite citaciones a empleados electorales en California
El 21 de octubre de 2026, tres citaciones judiciales llegaron a empleados de la Oficina del Registro y Archivo del condado de Los Ángeles, según copias que obtuvo la agencia de noticias. Los documentos solicitan registros y correspondencia sobre cartas que funcionarios federales enviaron en julio y octubre de 2026 a las autoridades locales.
Asimismo, el requerimiento solicita información sobre los métodos dirigidos a detectar el voto ilegal de extranjeros y sobre los esfuerzos para evitar el cómputo de votos de personas no ciudadanas.
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Los cuatro fiscales federales de California emitieron las órdenes, según reveló a AP una persona cercana al caso que solicitó el anonimato. Ante esta acción, el registrador del condado, Dean Logan, rechazó la medida en declaraciones recogidas por el medio: “las amenazas y la intimidación no tienen lugar en las elecciones”.
Un juez federal frena la separación de papeletas solicitada para las elecciones
En la sede judicial, el juez de distrito David O. Carter rechazó inicialmente el pedido federal para aislar las papeletas y designó al perito técnico Daniel B. Garrie. El magistrado determinó que el especialista asumirá la tarea de “desarrollar el expediente fáctico” para el tribunal.
Donald Trump criticó la resolución judicial antes de un acto de campaña en Carolina del Sur, según registró la agencia informativa: “California es muy corrupta. Las elecciones son extremadamente corruptas. El juez no debió haber hecho eso, pero apelaremos, por supuesto”.
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El presidente agregó, sin aportar pruebas, que existen cientos de miles o millones de sufragios defectuosos en el estado.
La presencia de ciudadanos en la lista de presuntos votantes no ciudadanos y el procesamiento de votos
El juez David O. Carter sostuvo que la exigencia del Departamento de Justicia vulnera la Ley Nacional de Derecho al Voto, marco que prohíbe modificaciones en los censos dentro de los 90 días previos a una votación. Además, ambas partes del litigio admitieron que la lista federal de 20.000 nombres incluye a un número no especificado de ciudadanos de Estados Unidos.
Por esta razón, el magistrado remarcó que separar esas boletas conlleva el peligro de privar del sufragio a electores legítimos y de “sembrar el caos” en el proceso de certificación.
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Los 20.000 registros señalados constituyen una pequeña fracción de los 23 millones de votantes de California. Asimismo, los funcionarios del condado de Los Ángeles ya procesaron más de 500.000 votos, de acuerdo con las actas judiciales descritas por la agencia.
Una vez que el sistema ingresa una papeleta, los mecanismos de confidencialidad impiden vincularla con el elector que la emitió. La fecha límite para la certificación electoral del condado concluye el 3 de diciembre de 2026. Carter fijó una audiencia probatoria para el 13 de noviembre de 2026 con los aportes del perito antes de decidir sobre una nueva medida cautelar.
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El Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito analiza la demanda electoral con carácter de urgencia
Tras el revés en primera instancia, el Departamento de Justicia acudió al Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito con un pedido de resolución inmediata, bajo el argumento de que el procesamiento de votos continúa en marcha. La apelación representa la segunda ocasión en que este tribunal examina el conflicto.
En un pronunciamiento anterior sobre el litigio, dos jueces de un panel de apelaciones expresaron dudas sobre la exactitud del padrón federal y cuestionaron la separación de papeletas en una fecha cercana a los comicios, pues esa medida pone en riesgo sufragios válidos.
En contraste, un juez discrepó al señalar que la ley prohíbe el voto de personas sin ciudadanía y que la falta de control causaría un daño irreparable a las elecciones.
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