Donald Trump amenazó este lunes con imponer aranceles más elevados a cualquier país que intente sacar partido del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló la semana pasada los gravámenes que su administración había impuesto mediante poderes de emergencia, en lo que supone la mayor derrota judicial de su segunda presidencia en materia económica.
“Cualquier país que quiera ‘jugar’ con esta ridícula decisión del Tribunal Supremo, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EEUU durante años, incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y a algo peor, que lo que aceptaron hace muy poco”, escribió Trump en su red Truth Social.
La amenaza llega tres días después de que el alto tribunal fallara en su contra por seis votos contra tres en el caso Learning Resources Inc. v. Trump, en una decisión redactada por el presidente de la Corte, el magistrado John Roberts, y respaldada tanto por los tres jueces progresistas como por tres de los conservadores.
El fallo estableció que la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977 —conocida como IEEPA, por sus siglas en inglés— no autoriza al presidente a imponer aranceles, ya que el poder constitucional de fijar tasas aduaneras corresponde al Congreso. Solo disintieron los magistrados Clarence Thomas, Brett Kavanaugh y Samuel Alito.

La sentencia invalida los llamados aranceles “recíprocos” que Trump anunció en abril de 2025 —el denominado “Día de la Liberación”— con tasas que oscilaban entre el 10% base y el 50% según el país, así como los gravámenes previos aplicados a China, Canadá y México bajo el argumento del tráfico de fentanilo.
Según estimaciones de la Tax Foundation, los aranceles IEEPA habían recaudado al menos 160.000 millones de dólares hasta el momento del fallo. La cuestión de si esas sumas deben devolverse a los importadores quedó sin resolver por el Supremo y se trasladó al Tribunal de Comercio Internacional, donde podría tardar años en definirse.
En respuesta inmediata al fallo, Trump firmó órdenes ejecutivas para imponer primero un arancel global del 10% y luego elevarlo al 15%, esta vez invocando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una norma diseñada originalmente para situaciones de desequilibrio en la balanza de pagos y que ningún presidente había utilizado antes. Los aranceles de la Sección 122 tienen una vigencia máxima de 150 días, lo que abre un nuevo período de incertidumbre jurídica y comercial, dado que varios expertos ya anticipan impugnaciones legales bajo ese mismo marco.
El terremoto político y económico provocado por la sentencia reconfiguró de golpe los términos de los acuerdos bilaterales que Washington había negociado con decenas de países durante los últimos meses. Varios de esos pactos se firmaron precisamente para rebajar los aranceles IEEPA a cambio de concesiones comerciales. Ahora que esos gravámenes han sido anulados, los socios comerciales de Estados Unidos buscan entender qué queda en pie de lo acordado.

La Unión Europea fue uno de los primeros actores en reaccionar. El Parlamento Europeo decidió este lunes aplazar la ratificación del acuerdo comercial firmado con Washington el pasado verano, alegando que necesita “plena claridad” sobre los próximos pasos del Gobierno estadounidense antes de avanzar.
En la práctica, la mayoría de los productos europeos habían estado sujetos a un arancel del 15% bajo el paraguas IEEPA, mientras que Bruselas no había cumplido su parte del trato —importar bienes industriales estadounidenses al 0%— por no haber concluido la ratificación parlamentaria del acuerdo. Ahora, con el nuevo arancel del 15% bajo la Sección 122, la Eurocámara quiere saber si las condiciones originales del pacto siguen vigentes o si han cambiado los términos.
China adoptó una postura más cautelosa. Beijing anunció que está “evaluando” el contenido y el impacto del fallo estadounidense y reiteró su rechazo a las medidas “unilaterales” y al “proteccionismo”, en un momento especialmente sensible: la visita de Trump a China está prevista para el mes que viene, con una reunión planificada con el presidente Xi Jinping. El fallo del Supremo refuerza la posición negociadora de Beijing, que había estado sujeto a tasas de hasta el 145% bajo el régimen IEEPA.

El caso que llegó al Tribunal Supremo comenzó en los tribunales inferiores en 2025, cuando el Tribunal de Comercio Internacional y el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal fallaron de manera unánime contra los aranceles de emergencia. Lejos de tratarse de una sorpresa jurídica, el Supremo confirmó lo que múltiples instancias ya habían advertido: que Trump había utilizado una norma de emergencia para ejercer un poder que la Constitución reserva al legislativo. Lo extraordinario es que la mayoría conservadora del tribunal, que en numerosas ocasiones avaló decisiones de la administración durante el último año, esta vez se sumó a los tres progresistas para rechazar la pretensión presidencial.
Con los aranceles sectoriales de la Sección 232 —acero, aluminio, automóviles— aún en vigor y los nuevos gravámenes de la Sección 122 pendientes de impugnación judicial, el escenario arancelario de Estados Unidos seguirá siendo más elevado que en cualquier momento desde los años cuarenta del siglo pasado. La pregunta ya no es si Trump mantendrá el proteccionismo, sino bajo qué norma legal intentará sostenerlo.
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