ICE deportó a niño de cuatro años con cáncer pese a ser ciudadano estadounidense, según demanda

Un niño ciudadano estadounidense de 4 años fue deportado a Honduras junto a su madre y su hermana, en medio de un proceso en el que el menor —diagnosticado con cáncer de riñón en etapa IV— no recibió, según una demanda federal, las garantías necesarias para su continuidad médica y su derecho a asistencia legal. La denuncia, presentada en el Distrito Medio de Luisiana el pasado 31 de julio, señala que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecutó la deportación en abril de 2025 sin notificaciones previas suficientes, sin proporcionar contacto con abogados ni permitir la organización de cuidados médicos alternativos para el menor, quien dependía de tratamiento oncológico especializado en Nueva Orleans.

De acuerdo con los documentos judiciales, la familia, identificada mediante seudónimos como “Romeo” (el niño), “Ruby” (la hermana de 7 años) y “Rosario” (la madre de 25 años), sufrió la deportación tras ser detenidos durante un control rutinario de ICE. La demanda sostiene que ninguno de los tres —Romeo y Ruby nacieron en Luisiana— había recibido información suficiente sobre el proceso ni sobre la posibilidad de permanecer en Estados Unidos bajo la custodia de familiares, especialmente crítica en el caso del niño enfermo.

“El resultado directo de la actuación ilegal de ICE es que Romeo se vio privado de la continuidad imprescindible en su tratamiento médico y se enfrentó a riesgos de salud graves debido a la imposibilidad de acceder a atención de urgencia especializada y a la atención oncológica de rutina disponible en los Estados Unidos”, expusieron los abogados de la familia en la demanda, citados por Newsweek.

La familia denuncia falta de información, asesoría legal y cuidados médicos durante el proceso

El relato de la familia, recogido en la demanda interpuesta por el National Immigration Project, Gibson Dunn, Most & Associates y Ware Immigration, detalla que la detención y deportación se llevaron a cabo bajo condiciones de incomunicación y presión. Rosario, según el escrito, no fue informada de que su abogado intentaba contactarla ni del intento de su esposo de solicitar la custodia de la hija estadounidense.

“Ha sido aterrador y abrumador”, declaró Rosario en un comunicado difundido el día de la presentación de la demanda. Según el mismo texto y documentos judiciales, los tres pasaron cerca de cinco horas confinados en una furgoneta y posteriormente fueron alojados en un hotel, sin acceso a comunicación externa durante todo el tiempo, antes de ser trasladados al aeropuerto y expulsados a Honduras.

La demanda subraya que la deportación fue ejecutada sin permitir que la madre organizara el tratamiento médico requerido por su hijo, que desde los dos años había sido atendido en un hospital pediátrico de Nueva Orleans por un tipo de cáncer inusual y agresivo. El escrito judicial aclara que “Romeo todavía requiere atención especializada regular y seguimiento”.

Un segundo caso revela un patrón similar de deportaciones a madres con hijos ciudadanos estadounidenses

El caso de Romeo no es aislado. La propia demanda federal detalla que el 25 de abril también fue deportada por ICE una segunda familia bajo circunstancias similares, según recoge Newsweek. Identificada en los documentos como “Julia”, madre hondureña de 30 años, junto con sus hijas “Jade” (ciudadana estadounidense nacida en Baton Rouge, de 2 años), y “Janelle” (hondureña de 11 años), la familia habría experimentado la misma falta de alternativas y comunicación.

En ambos episodios, ICE no habría ofrecido opción a las madres de decidir si sus hijos ciudadanos estadounidenses podían quedarse en el país bajo la custodia de familiares o si obligatoriamente debían viajar con ellas a Honduras. La denuncia solicita que ambas familias sean devueltas de inmediato a territorio estadounidense, así como el reconocimiento de sus derechos legales y el pago de una compensación económica por los perjuicios sufridos.

En total, el litigio cita como demandados a la fiscal general Pam Bondi, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la secretaria del DHS Kristi Noem, a ICE y su director Todd Lyons, además del director de la oficina de ICE en Nueva Orleans Brian Acuna y otros funcionarios de la agencia.

Versiones enfrentadas: ICE rechaza las acusaciones y alega cumplimiento de sus protocolos

Las autoridades de inmigración niegan las acusaciones y sostienen que el procedimiento se ajustó a la ley. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, aseguró a Newsweek que “los medios y políticos demócratas difunden información falsa al decir que se deportan niños ciudadanos estadounidenses. Esto es falso e irresponsable. ICE preguntó a las madres si querían salir acompañadas por sus hijos o si preferían dejarlos con alguien designado de manera segura. Las madres decidieron llevar a sus hijos con ellas a Honduras”.

McLaughlin agregó que “cuando existe un problema de salud, ICE garantiza que haya tratamiento disponible en el país de destino”. Según sus declaraciones, “afirmar que ICE niega atención médica a un niño es rotundamente falso, y es un insulto a los hombres y mujeres del servicio federal”, resaltando que “ICE siempre prioriza la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo su custodia”.

Estas afirmaciones contrastan con lo recogido en la demanda, en la que los abogados resaltan que el menor deportado se vio impedido de recibir cuidados médicos adecuados y que las condiciones de vida en Honduras no permiten garantizar el seguimiento de una enfermedad oncológica compleja.

El impacto personal: testimonios y respuestas legales tras la expulsión a Honduras

En declaraciones consignadas en comunicados de prensa, Rosario manifestó que “después de tantos años en los Estados Unidos, ha sido devastador ser enviada a Honduras. La vida aquí es increíblemente difícil. No tengo recursos para cuidar a mis hijos como necesitan. Desde nuestra vuelta, mi hija ha enfermado y sufre ansiedad, y yo misma he sido tratada por estrés”.

La abogada Stephanie Álvarez Jones, del National Immigration Project, señaló a McClatchy News que “ICE sometió a estas familias a experiencias extremadamente traumatizantes, actuando de una manera impactante e ilegal incluso según los propios estándares de la agencia”. Por su parte, la directora ejecutiva del National Immigration Project, Sirine Shebaya, afirmó en un comunicado que “las acciones de ICE en este caso no sólo son ilegales, sino también crueles y muestran desprecio por el bienestar de los niños y de las familias”.

Diversos medios estadounidenses han reportado discrepancias sobre la edad de Romeo, aunque la demanda precisa que tenía 4 años en el momento de la deportación.

La familia afectada, junto con sus abogados, pide ante el tribunal que se les permita regresar a Estados Unidos de manera inmediata y que se reconozcan los derechos legales de los niños que son ciudadanos estadounidenses. También solicitan que el gobierno les pague una compensación económica por los daños sufridos, aunque todavía no especifican la cantidad.

Además, en la misma demanda se incluye el caso de otra familia que pasó por una situación similar. Ambos casos serán analizados por un juez, lo que ha reavivado el debate sobre las reglas de deportación y la seguridad de los niños que están detenidos por las autoridades de inmigración.