El FBI una intensa búsqueda para localizar a Benjamin Hanil Song, exreservista de los Marines de Estados Unidos, de 32 años, quien es sospechoso de participar en un ataque armado contra el Centro de Detención Prairieland de ICE en Alvarado, Texas, la noche del 4 de julio. El hecho fue descrito por las autoridades como una emboscada, durante la cual un oficial fue herido de bala en el cuello por un individuo atrincherado en el bosque cercano al centro de detención. Song enfrenta cargos por intento de homicidio de un funcionario federal y uso de arma de fuego durante un crimen violento.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) emitió una “Alerta Azul” el miércoles, mecanismo reservado para acelerar la captura de sospechosos relacionados con ataques graves contra agentes de la ley. De acuerdo con los reportes, tras el tiroteo, Song se dio a la fuga y es considerado armado y peligroso. El FBI ha ofrecido hasta 25.000 dólares de recompensa por información que conduzca a su detención y condena.
Durante la emboscada, según las autoridades, al menos diez personas adicionales fueron detenidas y acusadas de tentativa de asesinato por disparar armas de fuego contra agentes federales frente al centro de detención. La fiscalía indicó que los responsables utilizaron tácticas para atraer a los oficiales afuera antes de abrir fuego desde una posición oculta en el bosque.
¿Cómo fue el ataque contra los agentes federales?
La noche del ataque, los participantes fueron descritos como vestidos con ropa negra de estilo militar, lanzando fuegos artificiales hacia el Centro de Detención Prairieland cerca de las 22:40 horas. Algunos de los atacantes se separaron del grupo y comenzaron a rociar grafitis en los vehículos y en una estructura de vigilancia en el estacionamiento. Los mensajes incluyeron frases ofensivas, según la declaración de la fiscal interina del Distrito Norte de Texas, Nancy E. Larson.
Mientras se desarrollaban estos actos, dos oficiales de correccionales, desarmados, salieron al exterior para hablar con el grupo. Según la denuncia, una persona en el bosque utilizó una linterna para señalar al grupo. Coincidiendo con la llegada de un oficial de policía de Alvarado, un tirador oculto en el bosque abrió fuego, hiriendo al agente en el cuello y disparando también contra los oficiales penitenciarios.
La fiscalía detalló además que, desde otra ubicación, un segundo asaltante disparó entre 20 y 30 veces contra los oficiales correccionales desarmados, describió Larson. Las investigaciones posteriores determinaron que los fusiles usados fueron comprados por Song.
Song perteneció al Cuerpo de Marines
El teléfono de Song fue rastreado en las inmediaciones del centro durante la noche del ataque y hasta el 5 de julio, y un vehículo vinculado a él fue hallado cerca de la residencia de otro sospechoso. El FBI describe a Song como un hombre de origen asiático, 1,67 metros de estatura y aproximadamente 68 kilogramos de peso, con cabello negro y ojos marrones. La investigación señala que sirvió en la Marina de Estados Unidos entre 2011 y 2016, siendo dado de baja en condiciones distintas al honor.
Tras el ataque, más sospechosos fueron interceptados por agentes del sheriff del condado de Johnson; varios vestían chalecos antibalas, estaban cubiertos de barro y algunos portaban radios de dos vías. Se incautaron armas, banderas con mensajes políticos y materiales tácticos. Entre los objetos confiscados había bolsas Faraday, usadas para bloquear señales electromagnéticas, además de máscaras, guantes, más chalecos, armas adicionales, pintura en aerosol, fuegos artificiales y documentación que promovía resistencia armada.
La lista de acusados incluye, además de Song, a Cameron Arnold, Savannah Batten, Nathan Baumann, Zachary Evetts, Joy Gibson, Bradford Morris, Maricela Rueda, Seth Sikes, Elizabeth Soto e Inés Soto, todos con cargos de intento de asesinato contra agentes federales y uso de armas de fuego en un crimen violento, con mínimas de diez años y hasta cadena perpetua, según el Departamento de Justicia. Un duodécimo implicado enfrenta cargos por obstrucción a la justicia y conspiración por intentar destruir pruebas, con una posible condena máxima de diez años.
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