La transformación del turismo europeo en 2026: retos, oportunidades y nuevas reglas para el viajero

La transformación constante del sector turístico europeo ha marcado el año 2025 como uno de los más dinámicos para quienes disfrutan de viajar. Desde la digitalización de fronteras hasta el endurecimiento de normas en destinos turísticos, los viajeros han tenido que adaptarse a nuevas regulaciones y cambios en los costes de sus desplazamientos. Mirando hacia 2026, las expectativas se centran en la consolidación de estos sistemas y en la llegada de nuevas medidas que modificarán, aún más, la experiencia de moverse por Europa.

Uno de los principales hitos del último año ha sido la entrada en vigor del Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la Unión Europea. Desde el 12 de octubre de 2025, quienes acceden a los países del espacio Schengen por vías exteriores deben registrar electrónicamente sus datos biométricos, como huellas dactilares e imagen facial, en sustitución del tradicional sello en el pasaporte. Este sistema, que ya abarca a todos los Estados miembros de la UE (excepto Irlanda y Chipre), así como a Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, tiene como objetivo principal identificar a quienes superan el tiempo permitido de estancia y reforzar la seguridad contra la migración irregular.

No obstante, la puesta en marcha del EES no ha estado exenta de dificultades. Los problemas técnicos han obligado a retrasar varias fases del despliegue, postergando la implementación completa hasta el 10 de abril de 2026. Un ejemplo de ello ha sido el aplazamiento del estreno en el Reino Unido, especialmente en el Puerto de Dover, donde las autoridades han preferido demorar la entrada en vigor para los viajeros en coche hasta después de la temporada navideña, con el fin de evitar posibles colapsos.

Nuevos permisos de entrada: ETIAS y ETA

A la digitalización de los controles en la UE se sumará a finales de 2026 el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), que exigirá a los turistas exentos de visado la obtención de una autorización antes de cruzar las fronteras. El trámite, que tendrá un coste de 20 euros y será válido durante tres años, permitirá estancias de 90 días dentro de un periodo de 180 días. El lanzamiento, inicialmente previsto para 2025, ha sido finalmente pospuesto hasta el último trimestre de 2026.

En paralelo, el Reino Unido también avanzará en la exigencia de la Autorización Electrónica de Viaje (ETA), que desde febrero de 2026 será obligatoria para los visitantes de 85 países. Esta autorización digital, con un precio de 16 libras (equivalentes a unos 18,20 euros), permitirá estancias de hasta seis meses y tendrá vigencia durante dos años. De esta forma, tanto la UE como el Reino Unido buscan reforzar el control de sus fronteras y adaptar la gestión de flujos turísticos a la era digital.

Derechos de los pasajeros y cambios en las aerolíneas

Otro aspecto relevante en 2025 ha sido el debate sobre los derechos de los pasajeros aéreos. Si bien existe la expectativa de que se eliminen los recargos por equipaje de cabina y se mejoren las compensaciones por retrasos, la presión del sector aéreo ha ralentizado la aprobación de una ley de la UE que lleva más de una década en discusión. Algunos Estados miembros incluso han sugerido elevar la regla de compensación por retrasos de tres a cuatro horas, en un contexto de negociación que continuará en 2026.

En este escenario, las decisiones de algunas aerolíneas también han generado controversia. La reciente medida de Ryanair de dejar de aceptar tarjetas de embarque en papel provocó la intervención de la autoridad de aviación de Portugal, que recordó a la compañía que no puede denegar el embarque a quienes presenten tarjetas físicas. Por otro lado, el 2026 no presenta cambios en cuanto a la normativa de equipaje de mano de las principales aerolíneas, a excepción de Ryanair. La aerolínea irlandesa aprobó alrededor del mes de septiembre de 2025 una nueva política en la que todos los viajeros que vuelen con la compañía podrán subir al avión con un bulto de mano que mida hasta 40 x 30 x 20 centímetros.

Esta medida supera en un 33% el estándar fijado por la Unión Europea, que es de 40 x 30 x 15 cm. Esta diferencia de cinco centímetros en la profundidad supone, en la práctica, un incremento en la capacidad y en la comodidad para organizar pertenencias esenciales durante el trayecto. Así, se pasará de tener un máximo de 20 litros a poder albergar 24 litros.

Subida de costes y limitaciones al alojamiento turístico

El año 2025 ha supuesto para muchos viajeros un incremento en los costes asociados a las vacaciones. La inflación, unida a la implantación de nuevas tasas turísticas en países como Islandia, España, Noruega y Reino Unido, ha encarecido notablemente la estancia en los destinos más demandados. Además, ciudades como París y Barcelona han intensificado las restricciones a los alojamientos de corta duración tipo Airbnb, con el objetivo de frenar la escalada de precios en el alquiler residencial y preservar la calidad de vida de sus habitantes. Como consecuencia, encontrar opciones económicas de alojamiento se ha vuelto más complicado para quienes desean recorrer Europa con presupuesto ajustado.

A estas medidas se suma la continuidad de la tasa para visitantes de día en lugares emblemáticos como Venecia, que busca evitar la saturación y financiar la conservación de sus infraestructuras. El mensaje es claro: los destinos turísticos más icónicos quieren equilibrar el flujo de visitantes y garantizar la convivencia con los residentes.

Reglas contra el incivismo y protección del entorno

Por último, otro aspecto a tener en cuenta es el comportamiento de los turistas, el cual ha motivado la adopción de nuevas normas en diversos puntos de Europa. En San Sebastián, se prohíbe fumar en las playas, mientras que Albufeira (Portugal) aplica multas a quienes pasean por la ciudad con ropa inadecuada. En el puerto de Palma, la reciente prohibición de los barcos de fiesta responde a las quejas vecinales por el ruido y el uso excesivo de infraestructuras. Francia, por su parte, endurece las sanciones para quienes alteran el orden en vuelos, con multas de hasta 20.000 euros y vetos de embarque de hasta cuatro años para los infractores.