Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

En 2023, una investigación de la Agencia Tributaria destapó uno de los escándalos más graves de la historia del fútbol español. Hacienda había detectado ingresos irregulares en la pequeña empresa de consultoría de José María Enríquez Negreira, por entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Al pedirle que justificara los pagos, Negreira no pudo aportar contratos escritos ni pruebas de los servicios prestados. Sin embargo, lo que sí quedó acreditado fue que los pagos procedían del FC Barcelona. En total, 8,4 millones de euros a lo largo de 17 años.

El propio exvicepresidente explicó ante los inspectores que eran pagos para que el club “no fuese perjudicado” y para asegurarse de que los árbitros eran “neutrales”. A partir de esta declaración, comenzó el proceso judicial por el que la Fiscalía acusó al Barça de corrupción deportiva. A día de hoy, la instrucción sigue abierta, con prórroga hasta septiembre de 2026.

“Yo creo que hasta el 2030 el Barça no va a tener ninguna sentencia firme”, expone Felipe García, abogado deportivo, en conversación con este diario. “El procedimiento penal va a durar, como mínimo, cinco o seis años más”, opina.

Cuatro presidentes y un mismo patrón

Los pagos no fueron solo de una directiva concreta. La investigación ha acreditado que la relación financiera con Negreira atravesó las presidencias de Joan Gaspart, Joan Laporta (en su primera etapa), Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

Comenzaron en 2001 con 135.228 euros anuales y crecieron hasta superar los 500.000 al año en el tramo final entre 2016 y 2018. El dinero se canalizó a través de varias sociedades (Danil 95 SL, Nisdal SCP, Soccercam SLU, Tresep 2014 SL, entre otras), y en muchos casos se retiró mediante efectivo o cheque al portador.

Diez minutos para defender al club

El pasado 10 de abril, el tesorero del FC Barcelona, Alfons Castro, compareció ante la jueza Alejandra Gil para responder por el caso Negreira. Una declaración de apenas 10 minutos en la que aseguró que el club ”cumple con todo”.

Ese mismo día también declaró Carles Naval, delegado del primer equipo desde hace 39 años. Lo hizo como testigo a petición de la acusación del Real Madrid, y confirmó que era él quien recibía por correo electrónico los informes sobre árbitros elaborados por el hijo de Negreira, Javier Enríquez. Los custodiaba, los ponía a disposición del cuerpo técnico y, en ocasiones, autorizaba pagos inferiores a 3.000 euros. Si los entrenadores los utilizaban o no, dijo, ya no era asunto suyo. Una declaración que coincide con lo que defendieron en su momento Luis Enrique y Ernesto Valverde. Según aseguraron, ninguno de los dos vio jamás esos informes y los utilizó para preparar un partido.

“Los pagos ya nadie puede decir que no se han efectuado. El tema es el objeto del pago”, explica Felipe García. Para qué se pagaba exactamente: esa es, en su opinión, “la clave” del caso.

¿Los pagos ayudaron en los resultados?

La defensa del FC Barcelona sostiene que se trataba de un asesoramiento técnico verbal, en un inicio, y de informes escritos sobre el estilo de cada árbitro a partir de 2014. La Fiscalía Anticorrupción considera que el objeto era garantizar arbitrajes favorables. No obstante, Felipe advierte que “probar que efectivamente esas ayudas al final provocaron cambios en los resultados no va a ser fácil”. Las pruebas disponibles son, por ahora, de carácter indiciario.

Es más, el club goza de derechos constitucionales que la acusación tendrá que desvirtuar. “Para condenar a una persona, tienes que desvirtuar su presunción de inocencia. ¿Y cómo se desvirtúa? Con pruebas directas”, recuerda el letrado.

Una espada de Damocles llamada UEFA

Mientras la justicia española avanza despacio, la UEFA mantiene abierta su propia investigación sin necesidad de esperar ese desenlace. “La UEFA, por sus propios reglamentos, no tiene por qué esperar una resolución firme para tomar una decisión”, señala Felipe.

Cuando estalló el caso, los rumores de expulsión de las competiciones europeas eran serios. La amenaza se disipó tras un viaje de Laporta a la sede del organismo, aunque nadie sabe exactamente qué ocurrió en esa reunión ni si hubo acuerdo de algún tipo. El presidente nunca lo explicó.

No obstante, las posibles sanciones abarcan desde la exclusión de competiciones europeas hasta la prohibición de fichar durante tres o cuatro ventanas de mercado. Dado que la infracción se considera muy grave, según el reglamento de la UEFA, García apunta a la "exclusión de la competición" como el escenario más probable, aunque “no se sabe cuántos años”, ya que dependería de la “graduación de la sanción”.

A diferencia de la justicia penal española, la normativa de la UEFA es “mucho más abierta”: el organismo tiene jurisdicción en Suiza y tribunales específicos para el deporte que no están sujetos a los principios de la justicia ordinaria. “El Barça no puede tener seguridad jurídica de que no le vayan a sancionar”, sentencia Felipe.

El riesgo real: los patrocinadores

Pero más allá de las sanciones deportivas, el abogado identifica el daño reputacional como el mayor riesgo financiero para el club. Los contratos de patrocinio del Barcelona superan los 200 millones de euros al año y perderlos sería demoledor.

Una condena, incluso en primera instancia y sin ser firme, podría desencadenar la retirada masiva de los patrocinadores principales como Spotify, Nike o empresas que llevan el cumplimiento normativo como bandera. “Si se descuelga uno grande, los demás también se descuelgan. Eso te rompe el equipo”, razona Felipe.

Además, en caso de absolución, el daño acumulado durante años de exposición mediática tampoco será fácil de revertir. No obstante, Felipe descarta que el Barcelona pueda prosperar con acciones legales por daño reputacional contra otros clubes. “Hay una prueba indiciaria, que son los pagos”, dice, y “salvo que sea una acción dirigida con temeridad, no va a provocar ningún tipo de respuesta o demanda”, subraya.

Los fallos en el sistema

El caso ha evidenciado las carencias de control que existían en el fútbol español hace más de dos décadas. Felipe describe dicho panorama como un “reino de taifas”: contratos en servilletas, transferencias desde paraísos fiscales, agentes cobrando en dinero negro...

Hoy, LaLiga exige a los clubes disponer de modelos de prevención penal como requisito para la inscripción en competición. Los controles son preventivos, lo que marca una diferencia con otras ligas destacadas como la Premier League. En España, “si el 31 de julio no cumples con tener un modelo de prevención penal con una serie de procedimientos y controles para prevenir delitos, la Liga no te inscribe”, concluye Felipe.