El ex fiscal general y la Fiscalía se oponen de nuevo a las costas fijadas por el Supremo

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Madrid, 18 nov (EFE).- El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y la Fiscalía se han opuesto nuevamente a las costas de casi 39.000 euros fijadas por el Tribunal Supremo para abonar los honorarios del letrado de Alberto González Amador, expareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Fiscalía se ha adherido al recurso de revisión interpuesto por García Ortiz contra la decisión adoptada por el Supremo el pasado 3 de noviembre, que en un decreto desestimó sus impugnaciones contra la minuta de 38.508 euros del abogado Gabriel Rodríguez Ramos en la causa en al que se condenó al exfiscal por un delito de revelación de datos reservados.

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Insiste la Fiscalía en que el decreto no justifica por qué procede una minuta de dicha cuantía y considera que al argumentar el Supremo una singular complejidad por la condición de fiscal general de García Ortiz "confunde notoriedad pública con complejidad jurídica o probatoria".

Por contra, la Fiscalía señala que solo hay un condenado, por un solo hecho y un solo delito y no se juzgaron estructuras organizadas ni se acometieron complejas investigaciones patrimoniales.

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"Ni el volumen documental, ni la duración del juicio, apenas dos semanas, permiten afirmar una especial complejidad de la causa", recalca la teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La Fiscalía resalta además que el Supremo no examina de forma individual todas las objeciones presentadas respecto a actuaciones cuestionadas por parte del letrado y recuerda que García Ortiz fue condenado a indemnizar a González Amador con 10.000 euros, mientras que se le imponen casi 40.000 euros de costas, lo que hace necesario examinar la proporcionalidad y extremar el control.

Por eso, y por no considerar acreditado que González Amador acordase dicha minuta con su letrado, la Fiscalía pide una nueva valoración de los honorarios, con una motivación individual de los distintos elementos de las costas, dejando sin efecto la última resolución del Supremo.

Álvaro García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general y el Supremo le impuso además una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros por daños morales que debía satisfacer a González Amador y las costas procesales.

Sobre la mesa del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está además una petición de indulto para García Ortiz, una medida de gracia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartó aplicar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. EFE

ml/jlg

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