Las prejubilaciones voluntarias que no formen parte de un despido colectivo tendrán que tributar en el IRPF

Las indemnizaciones percibidas por adherirse a un plan de prejubilación o de bajas incentivadas tributarán en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuando no exista un expediente de regulación de empleo (ERE) abierto en ese momento, según una resolución de unificación de criterio dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), adscrito al Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con los cálculos realizados por los expertos fiscales de TaxDown a raíz de este fallo, la diferencia entre que la indemnización esté exenta o tribute puede oscilar entre los 22.000 euros y más de 60.000 euros, dependiendo del salario, de la cuantía percibida y de la comunidad autónoma de residencia.

Hasta ahora, muchos trabajadores acogidos a planes de prejubilación solicitaban a Hacienda la exención prevista en la Ley del IRPF para las indemnizaciones por despido apoyándose en una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 sobre Banca Cívica.

Sin embargo, el TEAC ha acotado esta doctrina al considerar que dichas salidas sólo tienen carácter forzoso si existe un despido colectivo en marcha, siendo en caso contrario una decisión voluntaria cuyas rentas tributan como cualquier otro rendimiento del trabajo.

El TEAC subraya además que la existencia de un ERE no depende de la percepción del empleado, sino que constituye un procedimiento formal de negociación con los representantes de los trabajadores y comunicación a la autoridad laboral.

La resolución tiene su origen en el recurso de un empleado de banca que dejó su entidad en 2021 mediante un acuerdo de prejubilaciones y bajas incentivadas meses antes de que la empresa firmara un ERE.

Aunque el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana dio la razón al contribuyente en 2025, la Agencia Tributaria recurrió al TEAC, que ha fijado este nuevo criterio para casos futuros respetando, no obstante, la situación particular de dicho trabajador.

IMPACTO ECONÓMICO Y VÍA JUDICIAL

La medida afecta a quienes hayan salido o salgan de su compañía mediante planes voluntarios sin un ERE vigente -un supuesto habitual en la banca, aunque aplicable a cualquier sector- y complica las reclamaciones pendientes en vía administrativa.

Aunque los afectados podrán aplicar en la mayoría de los casos la reducción del 30% prevista para este tipo de rentas, el resto se sumará a sus ingresos anuales y tributará al tipo marginal.

Según las estimaciones de TaxDown para un contribuyente soltero, sin hijos, con un sueldo de 40.000 euros y que cobre una indemnización de 80.000 euros de una sola vez en el mismo ejercicio, con ERE pagaría unos 7.200 euros de IRPF en Madrid y unos 7.900 en Barcelona (solo por su salario), frente a los 29.600 euros en Madrid y 31.100 en Barcelona sin ERE, lo que supone abonar unos 22.000 o 23.000 euros más.

Si el sueldo es de 70.000 euros, con una indemnización de 140.000 euros, la factura fiscal pasa de unos 17.800 euros en Madrid y 19.100 en Barcelona con ERE a unos 60.000 y 64.000 euros respectivamente sin ERE, una diferencia cercana a los 42.000 euros en Madrid y 45.000 en Barcelona.

En el caso de un sueldo de 100.000 euros y una indemnización de 300.000 euros, incluso con despido colectivo solo estarían exentos los primeros 180.000 euros (el máximo legal), mientras que sin ERE tributaría la totalidad de la indemnización (con la reducción aplicable), por lo que el impuesto subiría de unos 67.000 euros en Madrid y 72.000 en Barcelona a unos 121.000 y 132.000 euros, respectivamente.

Desde TaxDown recuerdan que el criterio del TEAC vincula a la Agencia Tributaria y a los tribunales económico-administrativos, pero no a los jueces, por lo que los afectados aún pueden acudir a la vía contencioso-administrativa.

"Antes de firmar un plan de prejubilación conviene comprobar si la empresa tiene abierto un despido colectivo y hacer números. Quienes ya hayan salido sin ERE y tengan una reclamación en marcha deben saber que en Hacienda lo tendrán muy complicado y que su opción pasa por los tribunales", ha advertido el experto fiscal de la firma Aitor Fernández.