El TJUE advierte de que la prescripción de una deuda solo surte efecto si el consumidor la alega ante el juez

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado este jueves que la prescripción de una deuda solo surte efecto si el consumidor la alega durante el procedimiento judicial, por lo que una empresa puede seguir reclamando su pago aunque haya transcurrido el plazo legal para hacerlo.

Así lo ha establecido el alto tribunal europeo en una sentencia que responde a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuenlabrada (Madrid), que había preguntado si la legislación europea permite a los jueces comprobar de oficio la prescripción de una deuda reclamada por una empresa que ha adquirido el crédito a una entidad financiera.

En su resolución, el TJUE explica que "un crédito no puede considerarse inexigible por la mera prescripción", puesto que esta "extingue el derecho a ese crédito únicamente si la parte demandada la invoca durante el procedimiento judicial". Por tanto, considera que reclamar judicialmente una deuda que podría haber prescrito no constituye, por sí solo, una práctica comercial engañosa contraria a la normativa europea.

El litigio tiene su origen en un préstamo contratado en noviembre de 2015 por una consumidora española y otra persona con la empresa Nuevo Micro Bank, cuyo vencimiento estaba previsto para diciembre de 2018, si bien la entidad financiera decidió exigir anticipadamente su devolución en julio de 2016 ante el incumplimiento de las obligaciones de pago.

En julio de 2024, el banco vendió el crédito a la sociedad maltesa Investcapital, que en febrero de 2025 acudió a los tribunales españoles para reclamar el dinero pendiente. Sin embargo, el juzgado de Fuenlabrada consideró que la deuda podía haber prescrito en 2021, al haber transcurrido el plazo de cinco años desde su vencimiento anticipado sin que se hubiera acreditado una interrupción de la prescripción.

LA UE NO OBLIGA A LOS JUECES A EXAMINAR LA PRESCRIPCIÓN

Ante esta situación, el juez español planteó al TJUE si las normas europeas de protección de los consumidores permiten a los jueces comprobar por iniciativa propia que una deuda ha prescrito, incluso cuando el afectado no lo haya alegado, con el objetivo de evitar que las empresas puedan cobrar créditos que ya no serían exigibles si se invocara su prescripción.

En respuesta, el TJUE ha concluido que las normas europeas no regulan esta cuestión, ya que, aunque refuerzan la protección de los consumidores, no establece "disposiciones específicas" sobre la prescripción de las deudas ni sobre la posibilidad de que los jueces la declaren de 'motu proprio'.

También ha descartado que la reclamación judicial por parte de una empresa ajena a un banco de una deuda posiblemente prescrita pueda considerarse automáticamente "una práctica comercial desleal", al recordar que las partes tienen "libertad" para presentar sus argumentos durante un procedimiento judicial y que corresponde al consumidor defender que la deuda está prescrita.

Por ello, el TJUE ha señalado que corresponde a los Estados miembro, y por tanto a España, determinar en su legislación nacional si los jueces pueden examinar de oficio la prescripción de un crédito, siempre que se respeten "los principios europeos" de equivalencia y efectividad.

De este modo, tiene que ser la justicia española la encargada de resolver el litigio teniendo en cuenta la interpretación del Derecho europeo establecida por el TJUE sobre la actuación del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuenlabrada.