El Defensor pide más vivienda pública, alquiler asequible y limitar los pisos turísticos

Son tres de las propuestas que se recogen en el informe 'La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. Un problema social crítico', que ha registrado el Defensor este martes en las Cortes Generales y que incluye 35 recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas para garantizar el derecho a la vivienda.

Gabilondo considera que la falta de vivienda asequible supone un problema social "crítico" y, por eso, reclama a las administraciones que actúen con "mayor determinación", incrementen la inversión pública y amplíen el parque de viviendas protegidas hasta alcanzar, al menos, la media europea.

Según recoge el informe, de 339 páginas, el parque de alquiler social en España representaba en 2024 apenas el 3,3 % de las viviendas principales, frente al 8 % de media europea, mientras que en países como Austria, Francia o Países Bajos el parque social ronda o supera el 20 %.

El documento es consecuencia de una investigación iniciada en junio de 2025 con el Ministerio de Vivienda, las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y los diez ayuntamientos más poblados de España, ante el aumento de las quejas ciudadanas por las dificultades para acceder a una vivienda o mantenerla.

Más vivienda pública y protegida, pero para alquilar

El Defensor reclama más viviendas construidas con protección pública y además que mantengan esa condición de forma permanente y que se destinen preferentemente al alquiler frente a la venta, para evitar así que con el paso de los años acaben incorporándose al mercado libre.

De hecho, entre 1962 y 2020 se construyeron en España unos 5,7 millones de viviendas protegidas, el 31,5 % de todas las edificadas durante ese período, aunque muchas de ellas han dejado de estar sujetas a límites de venta o alquiler, según los datos recogidos en el informe.

La pérdida progresiva de estas viviendas protegidas, según la institución, constituye uno de los principales obstáculos para garantizar el acceso a una vivienda asequible, y a su juicio un parque público suficiente también contribuiría a moderar los precios del mercado inmobiliario.

Por ello, insta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a ampliar y mantener de forma permanente sus parques de vivienda protegida, especialmente los destinados al alquiler, y a dar prioridad a las personas con menores ingresos y a quienes se encuentran en situaciones de emergencia residencial.

Entre los colectivos que deberían recibir especial atención menciona a las familias con menores, especialmente las monoparentales, las víctimas de violencia de género, los jóvenes, las personas mayores y también las que sufran discapacidad.

Incentivos para alquilar las viviendas vacías

Otra de sus propuestas es impulsar medidas para que las viviendas privadas desocupadas se incorporen al mercado del alquiler asequible, mediante incentivos fiscales, acuerdos de cesión con grandes tenedores y programas públicos de intermediación en el mercado del alquiler.

Propone, también, estudiar la posibilidad de conceder una prestación económica subsidiaria a los colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda, de cuantía suficiente para que puedan afrontar el alquiler de una casa en el mercado privado.

Pide, además, que las ayudas al alquiler y a la rehabilitación se tramiten con más agilidad.

Limitar los pisos turísticos

El informe pone el foco en la expansión de los alquileres turísticos y reclama medidas para limitar esta actividad en los lugares donde su incremento esté perjudicando al mercado del alquiler destinado a vivienda habitual.

Mientras no exista un parque público suficiente, Gabilondo ve necesario adoptar medidas extraordinarias para evitar los desahucios de los vulnerables que no pueden afrontar las subidas del alquiler y corren el riesgo de quedar en situación de exclusión social, y reclama impulsar su construcción donde hay más necesidad. EFE