Al banquillo por estafar a familiares para apropiarse de dos empresas valoradas en tres millones de euros

La Fiscalía de Madrid solicita diez años de prisión para dos acusados de urdir una operación para hacerse con dos sociedades familiares mediante contratos de compraventa y documentos societarios supuestamente falsificados, con un perjuicio económico que los propietarios cifran en más de tres millones de euros.

El Ministerio Público atribuye a los procesados delitos de falsedad documental y estafa, por los que solicita para cada uno tres años de prisión por falsedad y siete años por estafa, además de multas.

En concepto de responsabilidad civil, reclama que se declaren nulos los contratos y documentos derivados de la presunta operación y que se restablezca la titularidad de las sociedades a sus legítimos propietarios.

También solicita que los acusados indemnicen solidariamente al matrimonio por los perjuicios ocasionados, que cifra provisionalmente en más de tres millones de euros.

La acusación sostiene que el perjuicio se deriva tanto de los activos y el patrimonio societario como de los ingresos y beneficios que se habrían dejado de percibir durante el periodo en que los acusados habrían gestionado las empresas.

El juicio, que estaba previsto para este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid, ha quedado finalmente suspendido y pendiente de una nueva fecha de celebración.

HECHOS OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los procesados se habrían concertado entre mayo y julio de 2017 para hacerse con las sociedades NATIDES SL y LUARISVI SL, propiedad de los padres de uno de ellos, aprovechándose presuntamente de su avanzada edad, de su situación de vulnerabilidad y de la relación familiar existente.

Para ello, habrían simulado contratos de compraventa de las participaciones sociales, fechados el 17 de enero de 2017 en Budapest, por los que una sociedad húngara habría adquirido las empresas. La Fiscalía sostiene que el hijo carecía de poderes para disponer de las participaciones de sus padres y que los documentos se utilizaron para dar apariencia de legalidad a la operación.

Posteriormente, los acusados habrían elaborado certificaciones de acuerdos sociales supuestamente ficticios para formalizar ante notario el cambio de administradores y modificar los domicilios sociales de ambas mercantiles, logrando inscribir los cambios en el Registro Mercantil.

Las sociedades contaban con distintos activos empresariales e inmobiliarios. NATIDES SL explotaba tres tiendas de muebles en Madrid bajo la denominación comercial de Muebles Arias, además de disponer de un chalet en Brunete que constituía el domicilio familiar. Por su parte, LUARISVI SL tenía en su patrimonio varios inmuebles, entre ellos una nave industrial en Leganés y distintas viviendas y fincas en la Comunidad de Madrid.

Los padres denunciaron los hechos después de conocer que se había inscrito el nombramiento de un nuevo administrador en una de las sociedades.

La Fiscalía sostiene que los acusados continuaron realizando actos de gestión y administración de ambas empresas y que incluso se inició un procedimiento judicial para desalojar al matrimonio de su vivienda familiar en Brunete.