Vox ha informado este martes de que ha formulado una querella ante el Tribunal de Instancia de Avilés contra Adriana Lastra, cabeza de lista del PSOE por Asturias y quien ejercía las funciones de delegada del Gobierno hasta el cese acordado el 20 de octubre, así como contra su sucesora en la Delegación, Cecilia Pérez, y los demás responsables que resulten de la investigación, por los incidentes registrados durante el acto del candidato de Vox a la Presidencia, Santiago Abascal, en la plaza de Camposagrado de Avilés el pasado 21 de octubre.
La formación sostiene que la Delegación permitió que siguiera adelante una contramanifestación convocada a escasos metros y media hora antes, sin modificar su ubicación ni su horario, pese a conocer los graves disturbios ocurridos esa misma mañana en La Coruña durante otro acto de Vox.
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En su escrito, Vox relata que grupos de manifestantes intentaron acceder por la fuerza al acto de Avilés y se produjeron lanzamientos de petardos y objetos, agresiones a agentes y daños en el mobiliario urbano. La Policía Nacional detuvo a tres personas por desórdenes públicos.
La querella se dirige también contra los promotores de la contramanifestación vinculados a Asturies Antifascista, el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria, y contra los autores materiales de la violencia.
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Vox solicita que se investiguen las decisiones de la Delegación del Gobierno, el dispositivo policial y las responsabilidades penales derivadas de los hechos.
En concreto, la querella va dirrigida contra Adriana Lastra y contra Cecilia Pérez y contra cuantas otras autoridades o funcionarios de la Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias que resulten responsables de las decisiones que se tomaron por un delito de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva y un delito de enegación de auxilio.
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Contra las personas físicas que promovieron la contramanifestación en notmbre de Asturies Antifascista, Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria vox se querella por un delito electoral, un delito de incitación al odio y otro consistente en impedir o perturbar gravemente con violencia una reunión, en grado de tentativa.
Por último, para los autores de los actos de violencia atisban un delito electoral, del artículo 514,4 en grado de tentativa, de atentado contra agentes de la autoridad, de desórdenes públicos y de daños.
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