Las comunidades del PP y Castilla-La Mancha frustran la reforma de las listas de espera

Guardar

Madrid, 23 oct (EFE).- Las comunidades gobernadas por el PP, junto con Castilla-La Mancha (PSOE), han rechazado este viernes en el Consejo Interterritorial de Salud la propuesta de real decreto del Ministerio de Sanidad para evitar el "maquillaje" de las listas de espera, que queda sin margen para llegar a un acuerdo antes de las elecciones generales.

Pese a la negativa de la mayoría de las comunidades, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado en rueda de prensa tras la reunión que seguirán con el trámite de la norma, la cual publicarán en audiencia pública para que los ciudadanos puedan consultar el texto de la reforma.

PUBLICIDAD

Si bien, ha admitido que la nueva norma requiere de la aprobación de una serie de indicadores por parte del Consejo Interterritorial, sobre requisitos mínimos, básicos y comunes en materia de información sobre las listas de espera.

Sanidad ha convocado este viernes a las comunidades autónomas a un Consejo Interterritorial para debatir, entre una veintena de asuntos, la propuesta que establece como momento de inicio de la demora la fecha de indicación médica de la consulta, prueba u operación y prohibirá expresamente hacer registros paralelos.

PUBLICIDAD

La nueva norma busca modernizar los criterios utilizados para medir las listas de espera dispuestos en otro real decreto de 2003 y disponer de datos más completos, homogéneos y comparables en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y evitar que "se puedan seguir maquillando" estos registros, ha subrayado la ministra.

"No han votado de un concepto abstracto que pueden ser las listas de espera, sino de saber cuándo un ciudadano puede tener cita con su cardiólogo, un tratamiento o una consulta con su especialista", ha relatado.

Fuentes presentes en la reunión han avanzado la negativa de todos los consejeros del PP, junto al de Castilla-La Mancha, a la propuesta de Sanidad, que sí han votado a favor País Vasco, Cataluña Asturias y Navarra.

La ministra ha criticado que se haya despreciado el trabajo de dos años en esta reforma, junto a los técnicos de las comunidades autónomas para llegar "a un documento de consenso" y avanzar hacia un modelo común de medición de las listas de espera en Atención Primaria y en el ámbito hospitalario.

"Las listas de espera hay que reducirlas, no hay que maquillarlas", ha recalcado García, y ha advertido a los consejeros que se han posicionado en contra de "la transparencia" de que tendrán que dar explicaciones a sus ciudadanos.

Según García, comunidades del PP como Madrid han bloqueado esta normativa porque ofrece "transparencia" a las listas de espera, algo que, a su juicio, "no le conviene ni partidista ni electoralmente".

Por su parte, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado que el decreto no se ha aprobado porque "faltan informes oficiales", "no están claras las herramientas de medición" y requiere reformas, por lo que los grupos técnicos van a seguir trabajando.

"Nos acusa de opacidad cuando es ella la que nos coarta el poder hablar", ha dicho Matute, al tiempo que ha apuntado que la ministra va "tirando para adelante con normas medio hechas" por el adelanto electoral, al igual que lo que sucede con el Estatuto Marco de los médicos.

Por otro lado, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha acudido al Consejo Interterritorial con la reivindicación de que Sanidad que cumpla el compromiso adquirido con País Vasco de reconducir el modelo de gestión de los Fondos de Cohesión Sanitaria (FCS) y de los Fondos de Garantía Asistencial (FOGA), antes del fin de la legislatura.

Según el Gobierno Vasco, entre 2012 y 2022, Euskadi aportó 169 millones al Fondo de Cohesión, lo que representa cerca del 60 % del total, pese a concentrar solo en torno al 5 % de la población del Estado.

"Es imposible que el 5 % de la población pague el 60 % de la factura de todo el Estado", ha subrayado el consejero, quien ha insistido en que se trata de un modelo injusto, poco transparente y sin la seguridad jurídica necesaria. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD