Sanidad busca aclarar cuándo puede ingresarse a pacientes psiquiátricos contra su voluntad

Madrid, 22 oct (EFE).- La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) y una veintena de asociaciones especializadas han alertado de que la nueva Ley de Dependencia, que entra en vigor este viernes, restringe el ingreso psiquiátrico involuntario de pacientes graves, lo que ha llevado a Sanidad a abrir una consulta pública previa para aclarar este procedimiento.

En concreto, las sociedades médicas se refieren al artículo 13 bis de la Ley 4/2026, que, a su juicio, podría dejar sin atención hospitalaria a personas con trastornos mentales graves y trasladar el cuidado a sus familias, ya que su nueva redacción limita el ingreso psiquiátrico involuntario a situaciones de "urgencia vital".

Desde este miércoles, el Ministerio de Sanidad ha abierto una consulta pública previa para preparar el desarrollo reglamentario de este artículo, que establece los principios y garantías de la atención integral y comunitaria en salud mental.

La finalidad, según figura en la consulta pública, es concretar cómo deben aplicarse esas garantías, reforzando los derechos de las personas usuarias y proporcionando seguridad jurídica a los profesionales sanitarios.

"Se pretende facilitar la aplicación de las garantías legales relativas al consentimiento informado y los apoyos para la toma de decisiones, las actuaciones en situaciones de urgencia y el uso excepcional de medidas de contención, entre otros aspectos", señala el documento, que alerta de que la falta de desarrollo reglamentario puede generar "interpretaciones dispares y dificultades" prácticas e incertidumbre para pacientes y profesionales.

El Ministerio ha valorado alternativas, como elaborar recomendaciones, guías o manuales, pero entiende que estos instrumentos no tienen suficiente "eficacia jurídica" sin aprobar una norma de desarrollo. También descarta mantener la situación actual, porque dejaría sin resolver las dudas detectadas.

La consulta está abierta hasta el próximo 6 de noviembre de 2026.

El nuevo texto que entra en vigor mañana dispone que cualquier intervención sanitaria o asistencial en salud mental debe contar con el "consentimiento libre e informado" de la persona. Cuando esta precise apoyos para tomar una decisión, hay que proporcionárselos, y si no puede decidir, se consultarán sus voluntades anticipadas.

En situaciones de urgencia vital, según la nueva ley, se actuará conforme a lo establecido en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se documentará en la historia clínica que se han agotado las alternativas voluntarias y que se ha informado al paciente de sus derechos y garantías.

Las sociedades alertan de los riesgos de restringir el ingreso involuntario a los supuestos de "urgencia vital" y sostienen que el nuevo precepto podría entrar en conflicto con la Ley de Autonomía del Paciente, que permite llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables sin consentimiento cuando existe un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente y no es posible obtener su autorización.

En un comunicado conjunto señalan además contradicciones legales que podrían generar criterios judiciales distintos y aumentar la inseguridad de los profesionales.

Los especialistas advierten de que podrían quedar sin cobertura clara pacientes con psicosis, episodios maníacos graves, trastornos alimentarios o ideación suicida de alto riesgo sin un plan inmediato.

Es el caso del hijo de Ana, cuidadora de un joven de 31 años con esquizofrenia grave no controlada que durante once años ha sufrido trece brotes psicóticos que han requerido hospitalización, casi siempre involuntaria.

En una carta, a la que ha tenido acceso EFE, Ana asegura que esos ingresos le han permitido mejorar y que él mismo ha reconocido después su necesidad, mientras que durante las crisis no reconoce su enfermedad, descuida sus necesidades básicas y sufre delirios que le impiden decidir sobre su salud.

"No quiero entrar en campaña electoral, esta no es una carta contra ningún gobierno, es una reflexión en contra de la aplicación de una norma europea, que no puedo entrar a valorar, ya que reconozco no conocer en profundidad, pero sí conozco al menos una de sus consecuencias: en nombre de la libertad y la dignidad de mi hijo le están quitando la única medida que, hoy por hoy, le permite seguir adelante", explica en la misiva.

Ana lamenta que con la nueva ley solo se podrá ingresar a un paciente contra su voluntad cuando su vida corra peligro inminente.

"Nada me gustaría más que la psiquiatría contase con recursos suficientes para acompañar a un paciente en pleno brote sin necesidad de ingresarlo. Pero eso hoy por hoy no existe. Y legislar como si existiera no es proteger al paciente: es mirar hacia otro lado", opina. EFE