Madrid, 22 oct (EFE).- Los estudiantes universitarios estrenan a partir de hoy un nuevo Estatuto con más derechos para conciliar, de apoyo al alumnado con necesidades específicas y con discapacidad y con becas que puedan tener en cuenta el coste de la vivienda. Al mismo tiempo entran en vigor las ayudas directas del Estado para financiar casi 2.000 plazas de alojamiento universitario.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves tanto el Estatuto del Estudiantado Universitario, que renueva el de 2010, como el reparto de 45 millones de subvenciones directas para construir, rehabilitar o ampliar residencias para estudiantes, docentes e investigadores.
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En este sentido, a partir de hoy seis universidades: la Autónoma de Madrid (13,36 millones), el Campus de Albacete de la UCLM (8,19 millones), la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (6,5 millones), la Universidad de Burgos (5,94 millones), la Jaume I de Castellón (4,45 millones) y la Universidad de Jaén (3,56 millones) así como el Ayuntamiento de Lleida (2,97 millones), tienen vía libre para llevar a cabo sus proyectos urbanísticos.
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros y publicado hoy incide en que estas ayudas responden a un "interés público, social y económico" derivado de la necesidad de incrementar la oferta de alojamiento asequible, para contribuir a la igualdad de oportunidades y a la movilidad académica y para la movilización de inversión.
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El plazo de ejecución de los proyectos, que en la mayoría de los casos ya están consolidados, será igual o inferior a seis años, aunque la entidad beneficiaria podrá solicitar una prórroga de hasta tres años adicionales. El precio máximo del alquiler del alojamiento debe incluir servicios como la electricidad, el agua o la conexión wifi.
Este decreto entra en vigor al mismo tiempo que el nuevo Estatuto de los universitarios que obligará a todas las universidades a disponer de unidades específicas de atención psicológica al alumnado y de un protocolo de actuación, prevención e intervención ante conductas suicidas, acoso o ciberacoso.
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También incluye mejoras en la movilidad nacional e internacional del estudiantado con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo y contempla una mayor participación del alumnado en las decisiones de la universidad.
Da protección para compatibilizar los estudios con el trabajo y la vida familiar, incluyendo opciones como los estudios a tiempo parcial y la suspensión temporal de los estudios conforme a la normativa.
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El Estatuto refuerza el derecho a conocer los planes docentes antes de la matrícula, con información sobre contenidos, profesorado, idioma, prácticas y evaluación y establece garantías frente a cambios injustificados en los criterios de evaluación.
Asimismo refuerza la supervisión de las prácticas académicas y da garantías sobre protección de datos, seguridad digital, desconexión digital y propiedad intelectual de los trabajos académicos. EFE
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