Trabajo pone en marcha la renovación del CES para dar cabida a patronales territoriales

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Madrid, 19 oct (EFE).- El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha el procedimiento para sustituir a los consejeros del Consejo Económico y Social (CES) con el mandato vencido para dar entrada en el órgano consultivo a patronales territoriales, una decisión a la que se opone la CEOE, que ha acusado al Gobierno de invadir de forma ilegítima sus competencias.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han confirmado a EFE que el proceso se ha puesto en marcha para actualizar la composición del CES y "garantizar la representación de las organizaciones más representativas del ámbito estatal y autonómico".

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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha denunciado este lunes, en un acto de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA en Madrid, la intrusión de Trabajo, que ha decidido activar en plena precampaña electoral la renovación de unos consejeros cuyo mandato expiró hace más de año y medio.

Trabajo le ha comunicado a la CEOE que tiene que designar a 18 consejeros del CES, ya que dos de los que hasta ahora le correspondían han sido cedidos a la patronal catalana Pimec y a la balear Pimeb.

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Fuentes sindicales han explicado a EFE que el Ministerio de Trabajo emitió la semana pasada las cartas a las diferentes organizaciones que conforman el CES para que designen a los miembros que les corresponden.

En total son 61 miembros (60 consejeros más la Presidencia), de los que 20 son para organizaciones sindicales, 20 para organizaciones empresariales y 20 para expertos y organizaciones profesionales agrarias, pesqueras, de consumidores y de la economía social.

Al igual que del grupo de consejeros que corresponden a las organizaciones sindicales salen dos puestos para el sindicato vasco ELA y el gallego CIG, ahora del grupo de las organizaciones patronales se destinarán dos a patronales territoriales.

El Gobierno ha venido defendiendo la entrada de Pimec en este y otros órganos consultivos (como la comisión nacional de convenios colectivos) en virtud de lo establecido en la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho de las organizaciones más representativas de ámbito autonómico a participar en el diálogo social de ámbito estatal.

Responde asimismo al compromiso político alcanzado con Junts, que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió en varias ocasiones en sede parlamentaria antes de que la formación independentista rompiera su pacto de investidura con el Gobierno hace justo un año. EFE

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