Murcia, 19 oct (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha acordado, por una cuestión de forma, devolver el conocido como caso Guardería, seguido contra el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez (PP), al juzgado instructor y dejar sin efecto la incoación de un procedimiento abreviado contra él.
En este caso se investigaban presuntas irregularidades en la construcción de los centros municipales de atención a la infancia y la mujer en la localidad de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era el alcalde de la ciudad.
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El fiscal reclamaba para él penas que sumaban 13 años y medio de prisión y 36 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Sánchez fue alcalde de Puerto Lumbreras entre 2003 y 2013 y presidente de a Región de Murcia de 2015 a 2017.
En cumplimiento del auto de la Audiencia de Murcia, dictado en abril y conocido ahora, y que estima un recurso presentado por Sánchez, el instructor deberá reclamar a la Fiscalía varios documentos para garantizar su derecho de defensa.
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La Sección Segunda del tribunal, según ha adelantado el diario 'La Verdad', estimó el recurso de apelación de Sánchez, al que defiende el penalista José Antonio Choclán, que alegó la vulneración de su derecho de defensa por no constar en el sumario las diligencias de investigación preprocesales de la Fiscalía.
La Audiencia anuló dos resoluciones del Juzgado de Instrucción 1 de Lorca (actual plaza número 1 del Tribunal de Instancia) y le ordenó que reclamara a la Fiscalía de la Región de Murcia "la aportación íntegra" de esos documentos, que datan de 2017.
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La Sala también ha dejado sin efecto el auto en cuanto al resto de investigados: funcionarios y técnicos municipales y responsables de la empresa Urdecon.
En su escrito de acusación, el fiscal considera que la escuela infantil y el centro de la mujer de la localidad, que iban a tener usos independientes dentro de un mismo edificio, fueron concebidos de "modo fraudulento" y causaron "sobrecostes ilícitos".
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Y añade que se trató de "conseguir ilícitamente dinero de distintas subvenciones con el único propósito de obtener un presupuesto suficiente para ejecutar un edificio de interés público, si bien, para ello, no se dudó en trocear proyectos inejecutables 'per se' simular licitaciones públicas, y certificar mendazmente partidas de obra para poder justificar documentalmente el gasto ante el ente otorgante de la subvención”. EFE
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