Madrid, 14 oct (EFE).- El fiscal ha pedido en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid cuatro años de prisión para un coronel de la Guardia Civil acusado de falsificar un documento para adjudicar a una empresa la adquisición de 8.250 fusiles y evitar que el concurso quedara desierto al ser la única que se presentaba.
Además el representante de la Fiscalía ha mantenido este miércoles en la vista su solicitud de un año y medio de cárcel para la administradora única y un empleado de la citada empresa, que era la representante en España de la compañía alemana fabricante de los fusiles.
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Tanto el coronel como los otros dos acusados han negado ante el tribunal haber cometido el delito de falsificación en documento oficial que les atribuye la Fiscalía y la Abogacía del Estado y sus letrados han reclamado su absolución.
En su informe el fiscal ha relatado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 11 de septiembre de 2019 un anuncio de licitación emitido por la jefatura de asuntos económicos de la Guardia Civil cuyo objeto era la compra de 8.250 fusiles para su uso en diversas unidades.
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El anuncio estaba sujeto al cumplimiento de una serie de prescripciones técnicas como la presentación de cinco unidades de muestra idénticas al fusil licitado y se daba un plazo hasta el día 30 de ese mismo mes.
Según ha explicado el fiscal B.H.Z., administradora única y gerenta de la citada empresa, se reunió el día 18 del mes referido en el Cuartel de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, situado en la localidad madrileña de Valdemoro, con las dos máximas autoridades del mismo, el coronel acusado J.F.P.B. y el teniente coronel G.J.P..
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Durante la reunión B.H.Z. les comunicó la imposibilidad de que su empresa pudiera presentar en el plazo señalado las muestras de fusiles reclamadas.
Ante la ausencia de otras ofertas y la posibilidad de que el concurso quedara desierto B.H.Z. y J.F.P.B. acordaron utilizar como unidades de muestra cinco fusiles de la misma clase pertenecientes a la Guardia Civil "previa manipulación de sus elementos de identificación", ha señalado el fiscal.
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Y ha añadido que el coronel ordenó en la oficina técnica del servicio de armamento y equipamiento a una agente redactar un recibo de entrega de material a sabiendas de que la empresa de B.H.Z. no lo había presentado.
En su declaración el coronel ha asegurado que no dio orden alguna para cometer ninguna irregularidad y que el recibo de entrega que firmó lo elaboró la citada agente sin que le comentara problema alguno.
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La gerente de la empresa ha dicho que ante la imposibilidad de presentar las cinco muestras exigidas en el concurso en el plazo establecido ya que no daba tiempo a obtener las licencias de importación desde Alemania se reunió con el coronel para comentárselo.
Ha añadido que para evitar que el concurso quedara desierto y perder la partida presupuestaria para la adquisición de estas armas el coronel le dijo que se utilizarían otros fusiles idénticos que la empresa tenía depositados en dependencias de la Guardia Civil que habían sido usados como muestras en concursos anteriores.
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La acusada ha manifestado que cuando tuvo conocimiento de que finalmente se presentaron como muestras fusiles que pertenecían a la Guardia Civil y no a su empresa desistió de la licitación y el concurso quedó finalmente desierto ya que por las características técnicas exigidas los mismos solo los fabricaba la compañía alemana a al que representaba.
Y el administrador de la empresa ha asegurado que él se limitó a cumplir órdenes de su jefa y que en dependencias de la Guardia Civil y en presencia del coronel un agente le indicó que pusiera las pegatinas con el logotipo de su compañía en unos envases tapando unos adhesivos en los que se indicaban que los fusiles que contenían eran de la Guardia Civil. EFE
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