¿Qué están haciendo los Gobiernos en Europa para atajar la crisis de vivienda?

Madrid, 5 oct (EFE).- La crisis de vivienda que atraviesa España no es una situación aislada en el conjunto del continente europeo, que mantiene problemas similares ante el encarecimiento de los precios de la vivienda, la escasez de oferta o la problemática de los desahucios.

No obstante, esta situación se ha abordado de manera distinta por parte de los países europeos, impulsados algunos de ellos por políticas más liberales, que apuestan por no topar el precio de los alquileres, mientras otros han optado por adoptar medidas más intervencionistas y paralizar los desahucios.

Ante el déficit de 1,3 millones de viviendas que sufre Alemania, el país germano aprobó ya en 2015 el llamado "freno al precio del alquiler", que permite a los estados federados determinar qué zonas de su territorio están "tensionadas" por el alza de las rentas y, en ellas, limitar el precio de los nuevos contratos de alquiler a un máximo del 10 % por encima del alquiler medio.

Berlín, Hamburgo o Colonia aplican controles sobre las viviendas destinadas turísticas y exigen sistemas de identificación, así como también existen mecanismos para combatir la desocupación especulativa de viviendas, mientras en Múnich las autoridades pueden recurrir a datos de electricidad y agua para comprobar si una vivienda permanece vacía.

En las grandes ciudades francesas, como París o Lyon, la administración fija un alquiler máximo por metro cuadrado.

Mientras, Austria impulsó en enero un 'freno a los alquileres' que limita el aumento al 1 % en 2026, al 2 % en 2027, un límite que afecta, en general, a los pisos construidos antes de 1945, cuya renta está regulada. Para los de mercado libre, el alquiler sólo puede subir una vez al año.

En Polonia, el precio de los alquileres los fija libremente el mercado, aunque el propietario debe notificar la subida con una antelación de tres meses, mientras que en los alquileres indefinidos el propietario sólo puede finalizarlo por causas concretas, similar a Rumanía, que no cuenta con regulación ni topes a los alquileres, con excepción de la vivienda social.

En Italia, Giorgia Meloni ha sacado adelante el programa 'Piano Casa Italia' (Plan Casa Italia) para recalificar en la próxima década unos 60.000 inmuebles públicos o concertados para ofrecerlos después a precios asequibles.

En materia de desahucios, Francia cuenta con la llamada tregua invernal que impide ejecutar expulsiones de viviendas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, una medida que comparte con Polonia y con las regiones de Bruselas y Valonia, en Bélgica.

El Gobierno de Luís Montenegro, en Portugal, sacó adelante la semana pasada una propuesta para reformar el mercado del alquiler y acelerar los desahucios, con medidas que van en sentido contrario a lo que exigen los españoles en las calles, pero que, a diferencia de lo sucedido en España, no han provocado reacción social.

Con esta iniciativa, apoyada por el ultraderechista Chega, buscan aumentar la oferta de vivienda en alquiler con medidas como la posibilidad de iniciar el procedimiento de desahucio cuando el inquilino acumule dos meses de rentas impagadas, frente a los tres meses actuales.

En Finlandia, aunque no existe una legislación específica antidesahucios, los inquilinos de bajos ingresos reciben un subsidio específico para pagar el alquiler y pueden incluso solicitar de manera urgente el subsidio de asistencia social básica de forma retroactiva para saldar la deuda y frenar el proceso judicial.

En el lado oriental del Mediterráneo, Grecia no sólo no cuenta con ley antidesahucios sino que desde este mayo la ley permite a la Justicia acelerar los procesos de expulsión de los inquilinos que no paguen el alquiler para que se ejecuten en un máximo de seis meses.

Todo lo contrario ocurre en Austria: en 2022, el Gobierno aprobó un sistema para evitar que personas vulnerables acaben en la calle, una medida prorrogada hasta 2029 y que ha evitado hasta la fecha el desahucio de más de 42.000 personas, con un gasto anual de 28 millones de euros.

En lo que se refiere a las viviendas turísticas, en Francia los ayuntamientos pueden limitar su número y reducir a 90 días al año el periodo en que una residencia principal puede alquilarse a turistas.

En Finlandia, el control de las viviendas turísticas se realiza a través de las comunidades de vecinos, que desde el 1 de octubre tienen derecho a prohibir este tipo de hospedaje y a tomar posesión legal temporalmente del piso turístico si causa "molestias significativas" a los vecinos.

Y en Países Bajos, desde 2021 existe un registro obligatorio de este tipo de viviendas y límites de hasta 30 días anuales, mientras que, para frenar la especulación, desde el 1 de enero de 2022 los municipios pueden vetar cuatro años el alquiler de inmuebles comprados por inversores. EFE