La Audiencia de Madrid ordena investigar quién accedió al correo de la denunciante del alcalde de Móstoles

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir el caso del borrado de emails de la exedil de Móstoles que denunció al alcalde de la localidad, Manuel Batista, por un presunto acoso laboral y otros delitos.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que los magistrados acuerdan que se revoque el sobreseimiento provisional acordado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles.

La investigación sobre el borrado de correos de la exconcejala se inició después de que denunciara que había sufrido accesos no autorizados a su correo oficial, así como la eliminación de mensajes y archivos que guardaban relación con la situación que estaba comunicando internamente al PP en relación al caso de presunto acoso laboral.

La Sala considera que el archivo de las actuaciones fue "prematuro" y ordena practicar nuevas diligencias para esclarecer quién pudo acceder a su correo electrónico y borrar determinados elementos de la bandeja de entrada, eliminados y archivados.

La denunciante sostuvo que la eliminación de esos elementos se produjo después de que hubiera comunicado a los órganos nacionales del Partido Popular la situación de supuesto acoso que, según expuso, no había sido atendida por el partido en la Comunidad de Madrid.

En su recurso alegó que existían indicios que apuntaban a la posible intervención de terceras personas y reclamó nuevas diligencias. Entre las actuaciones solicitadas figuraba averiguar el origen de una dirección IP, la 217.9.26.191, que no había sido facilitada por la denunciante y que, según expone la resolución, era compatible con el sistema empleado por ella en su puesto de trabajo.

La Audiencia considera necesario que la Policía Judicial determine qué persona dentro de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid tenía asignada esa dirección IP y compruebe los posibles accesos realizados desde ella al correo electrónico de la denunciante.

Además, ordena que esa persona sea llamada a declarar en calidad de investigada. La decisión se adopta pese a la oposición de la Fiscalía, que consideraba que no existían motivos suficientes para atribuir los hechos a una persona concreta.

El Ministerio Público defendió que el informe de la Brigada de Ciberdelincuencia descartaba el borrado remoto de mensajes y correos en la fecha señalada, salvo que se hubiera realizado físicamente desde el propio ordenador mediante una sesión que hubiera quedado abierta. Sin embargo, la Sala señala que la fase de instrucción tiene precisamente como finalidad esclarecer los hechos aparentemente delictivos y determinar la identidad de quienes pudieran haber participado en ellos. Por ello, concluye que deben practicarse las diligencias necesarias antes de decidir si procede mantener el sobreseimiento.

PRESUNTO ACOSO

A Bautista se le investiga en otra causa abierta a raíz de la querella presentada por la citada exconcejala del PP por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral.

La denunciante ratificó su querella ante la jueza el pasado 29 de junio y relató que habría recibido tres presuntas proposiciones de carácter sexual por parte del alcalde y que, tras rechazarlas, comenzó el supuesto acoso laboral.

La jueza acordó mantener abierta la investigación al considerar que los hechos presentaban indiciariamente relevancia penal y posteriormente citó a Bautista en calidad de querellado.

Su declaración, inicialmente prevista para el 9 de octubre, fue aplazada a petición de su defensa al 1 de diciembre, fecha en la que está previsto que comparezca ante la jueza.