
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid ha dado traslado a las partes, la Comunidad de Madrid y la Fiscalía, para que se pronuncien sobre la competencia del órgano judicial de cara a resolver la petición de medidas cautelarísimas formulada por el Gobierno regional para desalojar la acampada instalada en la Puerta del Sol, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Las partes deberán ahora pronunciarse sobre esta cuestión, por lo que existe la posibilidad de que el juzgado eleve el asunto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) si considera que corresponde a este órgano la competencia.
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Una vez que el asunto llegue al tribunal competente, se abriría el plazo legal de 48 horas para resolver sobre la petición de medidas cautelarísimas, según el procedimiento previsto para este tipo de solicitudes.
La cuestión competencial se plantea en el marco del recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la actuación de la Delegación del Gobierno en relación con la acampada instalada en la Puerta del Sol. El Ejecutivo autonómico solicita su desalojo inmediato al considerar que la situación afecta al uso del espacio público y a otros derechos e intereses.
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El conflicto enfrenta, entre otros aspectos, el derecho fundamental de reunión y manifestación de las personas participantes en la acampada con otros derechos e intereses vinculados a la libre circulación y al uso del espacio público, entre ellos el tránsito de peatones y el acceso de vehículos de emergencia.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves que el Gobierno regional acudiría a los tribunales ante lo que considera una "inacción" del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
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La Comunidad de Madrid había solicitado medidas cautelarísimas para conseguir el desalojo inmediato del asentamiento promovido por el Sindicato de Inquilinas, después de que Ayuso acusara al delegado del Gobierno de permitir una "acampada ilegal" que, a su juicio, "nunca se debió permitir".
"Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias... ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir", afirmó la presidenta durante el Pleno de la Asamblea.
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La iniciativa judicial había sido anunciada 48 horas antes por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, quien advirtió de que la Comunidad recurriría a la Justicia si el delegado del Gobierno no procedía al desalojo del asentamiento.
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