(Actualiza la NA4278 con las declaraciones realizadas por la tarde)
Madrid, 1 oct (EFE).- Pedro Calvo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en el gobierno que presidió Alberto Ruiz-Gallardón, ha negado en el primer juicio a la trama Lezo relacionada con el PP que se enriqueciera con la operación de expansión de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II en Colombia en 2001.
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La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves la vista en la que se sientan en el banquillo 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño en la época de Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados.
Junto con el resto de acusados se enfrentan a peticiones de la Fiscalía Anticorrupción de entre seis y siete años de prisión por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
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La fiscal mantiene en sus conclusiones provisionales que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.
Añade que, "contrariamente a lo autorizado", se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de INASSA y el 51 por ciento de la sociedad dominicana WATCO S.A..
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La fiscal explica que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores".
En la jornada de este jueves han comenzado a declarar los acusados, entre ellos Pedro Calvo, que ha explicado que la operación fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Canal de Isabel II, integrado no solo por representantes de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid sino también de diferentes grupos políticos y de entidades empresariales y sindicales.
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Ha añadido que en ningún momento vio que se pagara un sobreprecio y ha subrayado que "la operación era buena para Canal de Isabel II y estaba justificada económica, financiera y jurídicamente".
Por su parte el acusado Juan Bravo Rivera, que en 2001 era consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y miembro del Consejo de Administración de Canal de Isabel II, ha negado igualmente que la operación se aprobara con un sobreprecio como mantiene el fiscal.
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También han declarado como acusados cinco exdirectivos españoles de la sociedad colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. (Triple A), empresa que según destaca la fiscal en sus conclusiones provisionales era el principal activo de INASSA.
Uno de ellas, el exdirector general de Triple A de Barranquilla Francisco O.F., ha negado el pago de comisiones para ejecutar la operación.
Ha añadido que Triple A dio toda la documentación que requirieron los técnicos de Canal de Isabel II que se desplazaron a Colombia para analizar la viabilidad de la operación para que la empresa pública madrileña asumiera la concesión para gestionar los servicios de agua en Barranquilla.
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Y ha destacado que la operación fue beneficiosa para Canal de Isabel II como se demuestra con el hecho de que terminó recuperando la inversión que hizo.
Igualmente ha prestado declaración el entonces director gerente de Canal de Isabel II, Arturo Canalda, que ha asegurado que no obtuvo beneficio alguno de esta operación y que no sospechó que se pagara un precio superior injustificado.
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Y varios acusados que eran miembros del Consejo de Administración de Canal de Isabel II en 2001 han coincidido en que no vieron irregularidades y que no recibieron recompensa alguna a cambio de su voto a favor de la operación. EFE
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