La Iglesia ha resuelto ya 114 casos de su plan de reparación a víctimas de abusos sexuales

Madrid, 1 oct (EFE).- La comisión del Plan de reparación a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia (PRIVA) cuyos casos no tienen recorrido legal, ha recibido desde su puesta en marcha en 2024 hasta la actualidad un total de 177 solicitudes y ha emitido 114 dictámenes de reparación, según han informado a EFE fuentes de ese sistema.

En concreto, han detallado las fuentes consultadas, desde el pasado mes de abril -cuando empezó a funcionar el nuevo mecanismo mixto entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo para indemnizar a las víctimas- la comisión del PRIVA ha recibido 21 solicitudes y emitido 31 dictámenes nuevos.

Esos 21 expedientes corresponden a víctimas que una vez puesto en marcha el sistema mixto han optado por recurrir al mecanismo creado por la Iglesia como vía de reparación.

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha recordado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente que, según los datos del Defensor del Pueblo a 31 de julio, la Unidad de Víctimas de esta institución ha recibido 450 expedientes, de los que 149 se encuentran ya en la fase final de tramitación.

Asimismo, la Unidad de Víctimas, formada por especialistas y profesionales independientes, ha mantenido entrevistas personalizadas con 105 víctimas y ha inadmitido cuatro solicitudes.

El protocolo suscrito por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo establece que tras estudiar el caso y escuchar a las víctimas, la Unidad elaborará la propuesta de reconocimiento de la condición de víctima y, en su caso, incluirá la reparación pertinente (ya sea simbólica, restaurativa, espiritual o económica).

Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora del plan PRIVA, que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y la indemnización será asumida por la Iglesia.

Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con representantes de todas las instituciones firmantes y participación de las asociaciones de víctimas, tratará de alcanzar una solución por consenso en un plazo máximo de un mes. Si éste no fuera posible, prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo.

"Conocemos los casos que han llegado del Defensor del Pueblo a la comisión asesora (del plan PRIVA) y son pocos. En unos casos, se ha confirmado lo que dijo la propia comisión, en algún caso difieren y tendrán que ser tratados por la Comisión Mixta de ambas instituciones, pero todavía no ha habido ningún caso en el que haya tenido que intervenir", ha subrayado García Magán

En este sentido, ha incidido en que en los casos que ha habido una revisión, "ha aceptado la diócesis o ha aceptado la congregación religiosa" la propuesta. EFE