
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado este jueves que no duda de que "responda a la verdad" lo que dijo el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ante la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, de que llamó 10 veces a Pedro Sánchez antes de la avalancha de inmigrantes de los pasados 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma, y que sólo le contestaron tres y fue el jefe de gabinete del presidente del Gobierno.
Así lo ha asegurado en una entrevista en Radio 4 de RNE, recogida por Europa press, al ser preguntada por qué ignoraron los avisos de Vivas del empeoramiento de la situación en la ciudad autónoma.
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"Yo, desde luego, no dudo de que el presidente Vivas, en las declaraciones que hizo ayer, responda a la verdad", ha precisado la ministra. No obstante, ha apuntado que "las comunicaciones eran absolutamente constantes" y ha añadido que ha habido un "diálogo constante con el presidente Vivas".
Pero ha insistido en que "lo que el presidente Vivas y ninguno" pudieron anticipar "es la magnitud de lo que ocurrió". Dicho esto, la Portavoz del Ejecutivo ha señalado que éste está dando una respuesta "desde la legalidad y desde la humanidad a lo que pasó en Ceuta".
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Así, ha explicado que desde su ámbito de competencia ha facilitado la creación de 7.000 plazas temporales de acogida para inmigrantes, frente a las 500 que había cuando comenzó esta crisis.
RESPUESTA DESDE LA LEGALIDAD
Elma Saiz ha querido recalcar que es muy importante dar una respuesta desde la legalidad a esta situación y eso pasa primero por "encontrar dispositivos de atención humanitaria, temporales" donde se puedan iniciar cada uno de los expedientes. "No cabe otra respuesta", ha exclamado frente a los que, en su opinión, quieren algunos que es, ha dicho, "incumplir la Ley". Algo que según ha recordado ya tuvo consecuencias para los servidores públicos a raíz de la invasión de niños en 2021.
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La ministra no ha querido valorar el alardeo de Sumar de que han sido ellos quienes han impedido que saliera el decreto en el Consejo de Ministros para agilizar las devoluciones.
Se ha limitado a decir que esta situación se ha producido en un momento en el que estaban "implementando el PEMA, el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo" y el Gobierno "trabaja en el marco de la legalidad".
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Así ha atribuido este retraso en aprobar la norma que facilite las expulsiones en que "son cuestiones complejas, donde hay que hacer unos análisis jurídicos que llevan un tiempo".
Y ha recalcado que cada persona tiene que tener un "expediente individualizado", y no se puede hacer lo que pide el Partido Popular, por no hablar, ha dicho "de otras fuerzas políticas que directamente hablan de la caza del inmigrante".
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