Sindicatos de interinos claman ante la CE para que lleve a España al TJUE

Madrid, 24 sep (EFE).- Una plataforma de sindicatos de interinos se ha concentrado este jueves ante la sede de la Comisión Europea (CE) en Madrid para reclamar que lleve a España ante el Tribunal de Justicia europeo (TJUE) por incumplir la normativa en materia de temporalidad en el sector público.

Bajo el lema "Cumplimiento ya", la plataforma "Líneas Rojas Innegociables" que agrupa a 56 organizaciones, ha concentrado a medio centenar de personas para reclamar acciones judiciales contra España, algo que, según explican, podrían conseguir a finales de año porque el plazo para ejecutar las reformas "se ha acabado".

Tras reunirse con el consejero económico de la Representación de la CE en España, Eduardo Gómez, la portavoz de la plataforma, María Pilar Remírez, ha asegurado que la CE habría rechazado la ampliación hasta marzo de 2027 del plazo para ejecutar reformas que había pedido el Gobierno.

"El Gobierno está fuera de juego", ha dejado claro Remírez, apuntando a que confían en que la CE, tras estudiar la documentación con las medidas adoptadas por el Gobierno hasta ahora para atajar la temporalidad, eleve el asunto al TJUE para que inicie un procedimiento sancionador.

Algo que, calculan, podría producirse en unos 3 o 4 meses, lo que seguirá retrasando los reclamos del colectivo, que no descarta seguir presionando y llevar de nuevo sus protestas a Bruselas con el objetivo de atajar una temporalidad en el sector público que alcanza a casi un millón de personas.

Al grito de "A más abuso, más reparación" o "Europa sanciona, España no reacciona", la concentración ha tenido lugar coincidiendo con la reunión que mantendrá entre hoy y mañana la Comisión Europea con las comunidades autónomas.

El pasado mes de julio, el Gobierno se reunió con comunidades autónomas y ayuntamientos para abordar medidas para atajar la temporalidad del sector público, al tiempo que pidió a la CE que le diera más tiempo (hasta marzo de 2027) y evitar así una demanda ante el TJUE.

El objetivo era estudiar posibles cambios de normativa, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de mayo pasado, que ratificó la imposibilidad de hacer fijos, sin pasar por una oposición, a los trabajadores públicos temporales, al tiempo que abría posibles nuevas vías en materia sancionadora e indemnizadora en casos de abuso de temporalidad.

Son las comunidades autónomas (CCAA) las que concentran el problema de la alta temporalidad, con una tasa del 40 % -frente al 4,7 % en la Administración General del Estado (AGE)-, especialmente acusadas en sectores como la educación y sanidad, competencias de las CCAA, donde ascienden al 40 y 43 %, respectivamente. EFE