PP lleva el martes al Congreso una ley que cambia la formación de los futuros jueces y quita las sustituciones obligadas

El PP llevará la próxima semana al Pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de ley para acortar el tiempo de formación de los futuros jueces estableciendo un modelo intensivo de al menos nueve meses de programa formativo teórico-práctico, compatible con las prácticas tuteladas en órganos judiciales, y que sustituya a la etapa actual de sustitución y refuerzo.

La iniciativa, recogida por Europa Press, plantea modificar el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para establecer que el curso de selección consista en un programa formativo intensivo de carácter teórico-práctico con una duración mínima de nueve meses y una fase de prácticas tuteladas en órganos de todos los órdenes jurisdiccionales de al menos cuatro meses.

La principal novedad es que ambas fases podrán desarrollarse de manera simultánea y coordinada conforme al plan docente aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de la Escuela Judicial. Además, la reforma elimina la última fase actualmente prevista en el proceso de formación, en la que los jueces en prácticas desempeñan de manera obligatoria labores de sustitución y refuerzo.

Durante las prácticas tuteladas, los aspirantes pasarán a denominarse "jueces adjuntos" y se incorporarán a órganos judiciales para desarrollar funciones de auxilio y colaboración con sus titulares. Sus funciones no podrán exceder de la redacción de borradores o proyectos de resolución que el juez o ponente podrá asumir con las modificaciones que estime pertinentes, aunque también podrán dirigir vistas o actuaciones bajo la supervisión y dirección del juez titular.

La formación teórica seguirá incluyendo el estudio en profundidad del principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas y la legislación nacional e internacional sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño.

La propuesta establece además una evaluación continua tanto de la fase presencial como de las prácticas tuteladas. Quienes superen el curso serán nombrados jueces por el orden de la propuesta formulada por la Escuela Judicial y el nombramiento será extendido por el CGPJ mediante orden.

UNA PROPUESTA APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL CGPJ

En su exposición de motivos, el PP recuerda que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó por unanimidad el pasado 12 de marzo una propuesta de reforma del artículo 307 de la LOPJ para adecuar el sistema de formación inicial de la Carrera Judicial.

Según recoge la iniciativa, la experiencia acumulada por la Escuela Judicial demuestra que la formación teórico-práctica y las prácticas tuteladas pueden desarrollarse de manera simultánea mediante un modelo "intensivo e integrado, sin merma de calidad", siempre que exista una adecuada planificación pedagógica y evaluación continua.

Respecto a la fase de sustitución y refuerzo que se pretende eliminar, la propuesta del CGPJ sostiene que "carece de autonomía formativa real", puesto que reproduce funciones jurisdiccionales plenas que corresponden al ejercicio ordinario tras el nombramiento. Su supresión, añade, "no afecta a la capacitación técnica del juez", pero permite "reducir significativamente los plazos de incorporación efectiva".

REDUCIR EL PERIODO DE SELECCIÓN

El PP sostiene que la actual organización y duración de la preparación de quienes aspiran a ingresar en la Carrera Judicial "no responde ya" al principio básico de eficiencia y que simultanear la fase teórica y las prácticas tuteladas permitirá reducir "sensiblemente" la duración del curso de selección sin merma de la calidad de la preparación.

Con esta reforma, los 'populares' buscan "mejorar de modo permanente los niveles de eficiencia" en la selección de los aspirantes a ingresar en la Carrera Judicial y lograr una "más ágil y eficaz cobertura de las plazas judiciales".