Madrid, 23 sep (EFE).- El Congreso ha convalidado este miércoles el real decreto ley que amplía las ayudas a la isla de La Palma y permite a las comunidades autónomas que cerraron 2025 con superávit dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles sin incumplir la regla de gasto.
El decreto se ha convalidado con 300 votos a favor al incorporar el apoyo del PP, 38 en contra (Vox y Junts) y 10 abstenciones (ERC, la diputada de Compromís Águeda Micó, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez y el exdiputado de Vox Javier Ortega Smith) y ahora se tramitará como proyecto de ley.
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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha subrayado en su intervención para defender el texto que este decreto muestra el "compromiso del Estado con el estado del bienestar y con el estado de las autonomías" porque "así se construye una mejor España, con hechos y no solo con palabras".
El PNV ha mostrado su apoyo al decreto porque ofrece ayudas a La Palma y porque atiende una reivindicación del grupo, la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan utilizar su superávit para invertir, aunque ha matizado que es necesario revisar las reglas fiscales.
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También lo ha avalado Coalición Canaria, porque permite a "las comunidades autónomas que han hecho una buena gestión" dedicar su superávit a cuestiones "absolutamente urgentes para la población", y Podemos, porque apoya "todo lo que sea para el bien de la población de La Palma".
En cambio, Junts ha mostrado su oposición a la norma porque Cataluña no podrá beneficiarse de las medidas de flexibilidad al no cumplir los requisitos, ya que cerró 2025 con déficit y su deuda supera el 12,4 % del PIB, y Vox ha cargado contra la "mezquindad" de mezclar las ayudas de La Palma con otras que, a su juicio, solo pretenden mantener el Gobierno.
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El PP, que ha acabado votando a favor, ha criticado que las ayudas para La Palma llegan tarde y que la flexibilidad para el uso del superávit autonómico no se basa en criterios técnicos, sino en qué regiones se quieren beneficiar.
Este decreto permite a las regiones que cerraron el pasado año con superávit dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles, incluidas políticas de vivienda, a lo largo de 2026 y 2027 sin incumplir la regla de gasto.
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Además, aquellas que cerraron 2025 con una deuda inferior al 12,4 % del PIB podrán destinar el superávit de ejercicios anteriores a inversiones que no computarán a efectos de regla de gasto en lugar de a reducir la deuda.
Estas medidas beneficiarán a ocho comunidades autónomas -Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia-, que podrán movilizar casi 4.000 millones de euros en inversiones en su territorio, según el Gobierno.
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El decreto ley también contempla medidas para la isla de La Palma, afectada en 2021 por la erupción del volcán, entre las que se incluye la ampliación a 2026 de la deducción del 60 % en el IRPF para los residentes o de políticas para autónomos.
Asimismo, se incluye una habilitación específica para que Canarias pueda destinar 100 millones del superávit de 2025 a financiar ayudas destinadas a las personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica en la citada isla. EFE
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