Vecinos de Fontibre dicen que el expadeáneo no celebraba reuniones y llevaba una vida "un poco desmesurada"

Vecinos de la localidad cántabra de Fontibre (Hermandad de Campoo de Suso) han señalado que el que fuera presidente de este Concejo Abierto entre 2003 y 2015, que está siendo juzgado esta semana por malversación de 72.000 euros, no convoca reuniones ni se celebraban en las tres legislaturas en las que ocupó el cargo, a lo sumo una al año o por mandato, y que durante ese periodo apenas se realizaron obras en la localidad -salvo las "obligadas" de mantenimiento o la reparación de un tejado-. Entre tanto, y según han añadido, el exalcalde llevaba "una vida un poco desmesurada", con gastos "extraordinarios" que a su juicio no son "acordes" a los de un ganadero como él.

Así lo han indicado este martes tres habitantes de la pedanía durante su declaración en el juicio contra José Ricardo Escalada ((PP), que se enfrenta a cinco años de prisión y once de inhabilitación que pide el fiscal, y que la entidad menor -que ejerce la acusación particular- eleva a seis y diez años, respectivamente; mientras la defensa interesa la absolución de su cliente, pues aunque no justificara gastos, no se quedó "con nada".

Sobre esto último, uno de los citados a declarar, el actual presidente de Fontibre, ha manifestado que no puede precisar el destino de las cuantías objeto de este pleito, "solo que no hay justificante" de las mismas, y ha apuntado que siempre ha tenido una relación "de vecinos" y "cordial" con el implicado, aunque ha admitido que ahora hay "más distanciamiento" entre ambos.

El procesado, que ya fue juzgado y absuelto de un delito de falsedad documental, se ha sentado de nuevo en el banquillo en la Audiencia Provincial de Cantabria, esta vez ante un jurado popular, por presuntamente malversar fondos públicos mediante extracciones en metálico y extensión de cheques de la cuenta del Concejo sin acreditar, de los que adeudaría más de 52.700 euros. Fue denunciado por su antecesor en el cargo, José Luis Macho, perteneciente al PSOE y ya fallecido.

Tras la constitución del tribunal popular, el lunes, las sesiones propiamente dichas han comenzado con tres testigos de la acusación, que ya declararon en la vista oral anterior, entre ellos el que es alcalde de Fontibre desde 2020. Según ha explicado, tuvo conocimiento de la documentación y movimientos de dinero durante el mandato del 'popular' cuando tomó posesión el socialista y denunciante porque -ha dicho- con anterioridad "no se convocaban concejos", al menos no con la regularidad que obliga la ley, pues "posiblemente" se celebraba uno al año o durante toda la legislatura.

Ha agregado que en los ejercicios objeto de este procedimiento -y que también se llevó al Tribunal de Cuentas- se hicieron en el pueblo labores habituales de mantenimiento o desbroces y la reparación de un tejado, pese a que "se comentaba" y "se sabía" de la llegada de subvenciones, como una del Gobierno de Cantabria de más de 50.000 euros para expropiaciones de terrenos para ampliar una carretera.

Y los otros dos habitantes, que son vecinos de Fontibre "de toda la vida" y que han dicho no tener relación con el procesado "ni de enemistad ni amistad", han coincidido en que no se llevaron a cabo concejos en los doce años de mandato del enjuiciado --"prácticamente ninguno", ha apostillado uno de ellos-. Estos testigos también han negado que se aprobaran las cuentas o se acometieran obras, como la citada ampliación de vía, punto en el que han precisado que solo se ejecutaban las de mantenimiento "obligadas" y la reparación de un tejado, pero uno "diferente" al previsto.

Igualmente, han cuestionado el nivel de vida de Escalada, a sus ojos "un poco desmesurado", con gastos "extraordinarios" y no acordes a un ganadero: "Lujos y yates no, lo demás sí", ha apostillado uno, mientras el otro ha indicado que no tuvo constancia del dinero en cuestión en las cuentas particulares del expresidente o que se comprara algo con ello.

Asimismo, han señalado que le veían "a menudo" en la taberna y en el banco también, pero han matizado sobre esto último que no participaron en la gestión económica de la pedanía ni estaban tampoco presentes en las retiradas de efectivo, pese a lo cual saben que faltaban cantidades, aunque "de oídas", no "al cien por cien". Uno de ellos pertenecía al Concejo Abierto durante el mandado del encausado, como secretario: "Eso me han dicho, yo no lo sabía", ha manifestado para asegurar que no se presentó al puesto.

NO QUEDÓ REFLEJADO EL GASTO REALIZADO.

Según la Fiscalía, el acusado realizó durante tres años --entre febrero de 2004 y el mismo mes de 2007-- 17 disposiciones de dinero. En abril de 2007 canceló la cuenta y se quedó con el importe restante, 22.869 euros, y tres meses después abrió otra cuenta a nombre de Fontibre con un saldo inicial de 1.000 euros, en la que hizo ocho extracciones.

El importe total de lo detraído asciende a 71.919 euros, de los que hay que restar 16.771 por unas obras en un edificio del Concejo. Además, abonó 2.400 euros del procedimiento seguido en el Tribunal de Cuentas, por lo que adeuda 52.746 euros, según la acusación pública, que entiende que en todo este caso no quedó "reflejado el gasto realizado".

"ÉL SE LO LLEVABA".

El abogado que representa al Concejo Abierto ha explicado al tribunal que él "defiende al pueblo de Fontibre frente a su alcalde", pues en su opinión "se llevaba el dinero" a través de unas 35 extracciones y extensiones de cheques y sin que se "acredite" el gasto realizado.

"En doce años (de pedáneo) lo único que puede haber (acreditado) es el arreglo de un tejado por más de 16.000 euros, pero ¿dónde está el resto?", se ha preguntado este letrado.

ENEMISTAD CAINITA Y RIVALIDAD POLÍTICA.

Finalmente, la defensa ha esgrimido que las disposiciones en efectivo del pedáneo, "un ganadero humilde sin conocimientos de contabilidad", estaban destinadas a pagos de obras de acondicionamiento de las diferentes propiedades, caminos públicos, pistas, cerramientos, desbroce y siega, así como en una vivienda propiedad de la Junta Vecinal. Y ha argumentado que su patrocinado no puede justificar documentalmente disposiciones que se realizaron hace más de 18 años y afirma que "no se ha apropiado de ninguna cantidad".

Por eso, esta parte ha interesado ante una eventual condena se apliquen las atenuantes de dilaciones indebidas muy cualificadas al haber transcurrido casi diez años desde el inicio de la investigación y por el abono de parte de la cantidad objeto del procedimiento tras el seguido en la vía del Tribuna de Cuentas.

Por lo demás, ha pedido a los jurados que tengan en cuenta el "nivel de subjetividad elevadísimo, el de conflicto personal tremendo y el odio cainista" existente en Fontibre, algo "muy propio de los pueblos pequeños", como este de "40 habitantes" y a lo que ha sumado los enfrentamientos propios de rivalidad política.