Un testigo vio ocultación de riesgos en una operación del Canal de Isabel II en Colombia

Madrid, 22 sep (EFE).- El abogado que coordinó en 2004 un informe jurídico encargado por Canal de Isabel II ha testificado en el juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP que apreció que los implicados en una operación de esta empresa pública en Colombia ocultaron los riesgos que conllevaba y que usaron un paraíso fiscal.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio, el primero del caso Lezo, con 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño que presidió Alberto Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados.

También son juzgados tres excargos del Canal de Isabel II y otros que la Fiscalía relaciona con Aguas de Barcelona SA (AGBAR), que junto a los anteriores se enfrentan a peticiones de la Fiscalía Anticorrupción de entre seis y siete años de prisión por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

La fiscal mantiene en sus conclusiones provisionales que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.

Añade que "contrariamente a lo autorizado" se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de INASSA y el 51 por ciento de la sociedad dominicana WATCO S.A..

La fiscal explica que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores".

Este martes ha declarado como testigo Julián García Rubí, que en 2004 era socio del despacho de abogados Cuatrecasas.

Ha manifestado que en 2004 el entonces gerente de Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, encargó al despacho un informe sobre esta operación, siendo presidente de la empresa pública Ignacio González, entonces además vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, presidida en esa época por Esperanza Aguirre.

El testigo ha añadido que los responsables de Canal de Isabel II estaban preocupados porque permanecía impugnada la prórroga de la concesión del servicio de aguas en Colombia que dio sentido a esta operación y querían saber cómo se había desarrollado, y ha asegurado que no les dieron indicaciones de cómo tenía que se el contenido de su informe.

El letrado ha comentado que la operación no es que fuera "de preocupar" sino que era de "no dormir".

Ha destacado que "se ocultó al Consejo de Administración de Canal de Isabel II, al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Tributos que la operación se llevaba a cabo a través de una empresa radicada en Panamá -que entonces era considerado paraíso fiscal-, con los riesgos tributarios que ello suponía".

El pasado día 15 el que fuera en 2001 consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Manuel Cobo, denunció durante su declaración como testigo que esta causa se debe a una "operación política" contra Alberto Ruiz-Gallardón por parte de su compañero en el PP Ignacio González.

"Hay una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana -exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana-, dos personas de mi partido pero que tenían intereses que no voy a calificar, en la que, sabiendo que ya estaban siendo grabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dicen 'menudo pelotazo el que dio Gallardón'", relató Manuel Cobo.

Y añadió: "Ignacio González e Ildefonso de Miguel encargaron informes cuando nosotros estábamos ya en el Ayuntamiento y ellos gobernaban en la Comunidad de Madrid para que la operación pareciera muy negativa".

González, que fue detenido en 2017 y estuvo en prisión provisional unos seis meses, no se sienta en el banquillo de este juicio ya que será juzgado en otras piezas del caso Lezo. EFE