Audiencia de Madrid ratifica el archivo de una denuncia por la no derivación hospitalaria de una residencia en pandemia

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo provisional de una investigación abierta por la muerte de un residente de un centro de mayores durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, al no apreciar indicios de que se produjera una negativa discriminatoria a recibir asistencia sanitaria o ser trasladado a un hospital.

La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, desestima el recurso presentado contra el auto del Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valdemoro que acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias.

La investigación se centraba en determinar si la asistencia dispensada al residente pudo constituir un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, previsto en el artículo 511 del Código Penal, al haberse cuestionado que no fuera trasladado a un hospital debido a su deterioro cognitivo y situación de dependencia durante la pandemia.

La recurrente sostenía que la residencia carecía de medios suficientes y que la aplicación de los protocolos de derivación vigentes durante la pandemia pudo determinar la exclusión del fallecido del acceso a hospitales públicos, privados o al pabellón de Ifema Madrid. También alegaba que no se habían practicado todas las diligencias necesarias para esclarecer la aplicación de esos protocolos.

Sin embargo, la Audiencia considera que la instrucción realizó una investigación "suficiente y adecuada" y que se recibieron declaraciones de los profesionales sanitarios que atendieron al residente, además de incorporarse su historia clínica y documentación médica. También se solicitó un informe médico-forense sobre las circunstancias del fallecimiento.

EL FORENSE CONSIDERÓ CORRECTO MANTENER EL TRATAMIENTO EN LA RESIDENCIA

Según recoge el auto, el informe forense concluyó que el residente presentó un cuadro clínico compatible con una infección por Covid-19, aunque no llegó a confirmarse mediante una prueba debido a la falta de disponibilidad de test específicos en ese momento.

El informe analizó las circunstancias clínicas, las posibilidades terapéuticas existentes durante la primera ola y la adecuación de las decisiones asistenciales adoptadas. El forense consideró que la residencia puso a disposición del paciente los medios de los que disponía y que, dadas sus circunstancias clínicas y el contexto sanitario, la decisión de mantener el tratamiento en el propio centro era adecuada.

La resolución añade que, aunque un ingreso hospitalario en condiciones normales podría haber prolongado su vida, el beneficio de dicha hospitalización habría sido "muy limitado, si no nulo" dadas las circunstancias concurrentes. Además, el diagnóstico de Covid-19 no llegó a confirmarse mediante una prueba y el traslado a un hospital de un paciente no infectado en plena pandemia habría supuesto un riesgo de contagio.