El Gobierno ahonda en sus críticas al Supremo por suspender el voto de la 'ley de nietos'

Madrid, 14 sep (EFE).- El Gobierno y el PSOE han endurecido sus críticas al Tribunal Supremo por haber suspendido las altas en el censo electoral de extranjeros nacionalizados al amparo de la 'ley de nietos' hasta el punto de considerarlo una "salvajada", mientras prosiguen los trámites para la aplicación de la medida cautelar.

Reunida este lunes, la Junta Electoral Central ha decidido dividida no recurrir el auto del Supremo y ha pedido a la Oficina del Censo que lo ejecute, al tiempo que ha solicitado a los consulados que certifiquen qué nacionalizados han documentado ser descendientes de exiliados por motivos políticos, ideológicos o de condición sexual, como marcó la Ley de Memoria Democrática.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha encabezado las críticas a la decisión adoptada por el Supremo la semana pasada al considerar que supone un "atropello democrático" y una "salvajada", y la ha interpretado en clave política al afirmar que hay sectores judiciales "empeñados en tumbar al Gobierno, sea como sea".

 Desde el PSOE, la portavoz del partido, Montse Mínguez, ha añadido que la justicia "debiera aparentar al menos ser independiente" y también ha sustentado sus reproches al Supremo en argumentos políticos.

Ha recordado que el ponente del auto por el que se suspendió el derecho de voto a quienes no hayan acreditado ser hijos y nietos de exiliados dijo en su día "que prefería que fuera Feijóo el presidente y así empezar a derogar leyes sanchistas".

"Esta es la primera, ¿cuál será la segunda, la reforma laboral?", ha espetado en rueda de prensa la dirigente socialista, antes de destacar que el voto "es sagrado" y su anulación definitiva si finalmente el Supremo lo determina podría derivar en que haya españoles "de primera" y "de segunda".

Entre tanto, la Junta Electoral Central (JEC) ha abordado el requerimiento que le hizo el Tribunal Supremo y que acarrea complejas actuaciones administrativas.

En la reunión ha habido críticas al auto, pero finalmente, por siete votos a seis, se ha decidido no impugnarlo y cumplirlo en sus estrictos términos.

Ha pedido así a la Oficina del Censo Electoral que suspenda la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los ya nacionalizados por la 'ley de nietos' y que suspenda el derecho a voto de los ya inscritos.

Quedarían fuera de esa suspensión quienes hayan acreditado ser descendientes de exiliados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, al margen de la instrucción posterior que determinó que se presumirá la condición de exiliados a todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955.

Por ello la JEC ha solicitado a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que recabe de los consulados esa información desglosada.

La JEC también ha acordado estudiar otro informe que había demandado a la Oficina del Censo Electoral sobre los municipios donde se inscriben los nuevos nacionalizados y la propuesta de instrucción sobre los criterios aplicables en las Oficinas Consulares, encargadas de estas inscripciones.

Por otro lado, Vox ha incidido en esta polémica al solicitar la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la aplicación de la ley de Nietos, intentona frustrada por el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, al dejar claro que no lo ve necesario.

Ha sido el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, quien ha lanzado la idea tras el Comité de Acción Política del partido, por ver necesario este instrumento parlamentario para saber quién adoptó las decisiones sobre la aplicación de la norma, cuántas "nacionalidades fraudulentas" se han concedido y el "impacto electoral" de todo el proceso.

Sin embargo, el portavoz del PP, Borja Sémper, le ha replicado que su partido no ve necesario crear este órgano porque prefiere esperar a que el Supremo adopte una decisión definitiva al ser lo "razonable".

"No necesitamos una comisión de investigación para entender que una orden ministerial no está por encima de una ley aprobada en el Congreso", ha zanjado. EFE

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