El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha reclamado al Gobierno que contemple la prohibición de programas es espionaje de dispositivos móviles como Pegasus o restringir su uso a situaciones excepcionales y siempre bajo control judicial.
Así lo ha planteado a través de una serie de preguntas dirigidas al Gobierno, para recalcar que España ha sufrido directamente las consecuencias de este tipo de 'spyware' como se puso de manifiesto en la investigación de la Audiencia Nacional, que acreditó que el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlasska (Interior) fueron infectados con Pegasus.
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También ha desgranado que este tipo de programas sirvió para infiltrarse en los teléfonos a más de 60 personas vinculadas al independentismo catalán, incluido representantes políticos y activistas, si bien luego se conoció que 18 personas fueron sometidos a vigilancia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por autorización judicial.
Pisarello ha reseñado que el Parlamento Europeo instó expresamente a España a realizar una investigación "completa, justa y efectiva" de este caso y que incluyeran limitaciones muy serveras de tecnologías como Pegasus, que debería tener "carácter excepcional" y estar sometido a controles judiciales efectivos.
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"Resulta necesario conocer la posición del Gobierno acerca de la compatibilidad de estas tecnologías con nuestro sistema de derechos fundamentales y sobre la conveniencia de prohibir o restringir severamente su adquisición y utilización en España", ha apostillado Pisarello.
En consecuencia, ha interrogado al Gobierno si considera que estos programas de espionaje ponen en riesgo la propia seguridad nacional y si, teniendo que se infectó el móvil del presidente y varios ministros con Pegasus, se plantea prohibir su "adquisición comercialización, contratación" y uso en España.
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PRESERVAR LAS COMUNICACIONES ABOGADO-CLIENTE
En caso de que el Ejecutivo lo descarte, Pisarello pregunta si tiene previsto limitar este tipo de programas a criterios de excepcionalidad y proporcionalidad, una vez que se ha acreditado el empleo de Pegasus sin autorización judicial.
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"¿Considera el Gobierno compatible con las garantías del derecho de defensa la utilización de programas de espionaje altamente intrusivos contra abogados por razón de su actividad profesional? ¿Considera necesario establecer garantías específicas que impidan el acceso a comunicaciones protegidas por el secreto profesional entre abogado y cliente?", expone Pisarello.
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