Madrid, 8 sep (EFE).- Vox ha presumido este martes de ser quien ha evitado una "manipulación" del censo electoral como consecuencia de la ley de nietos, después de que el Tribunal Supremo haya dejado en suspenso las altas incorporadas hasta ahora al estimar parcialmente una medida cautelar de la formación de Santiago Abascal.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha destacado en una rueda de prensa en la Cámara Baja que han sido "el único partido con representación parlamentaria" que ha logrado que el Tribunal Supremo "suspenda los efectos electorales de la llamada ley de nietos y el intento de manipulación electoral para las próximas elecciones".
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"Unos se limitaron a avisarlo", ha dicho en alusión al PP, "y otros hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales a través de la adulteración del censo".
De esta forma ha reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la ley de nietos, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.
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Una decisión que llega al estimar parcialmente la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa y Vox en los recursos presentados contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 16 de julio, que señaló, entre otras cuestiones, que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía a sus competencias.
"Hoy se demuestra que hay que hacer y se puede hacer todo lo que esté en nuestra mano para parar a este Gobierno y devolver la dignidad a los españoles", ha añadido Millán.
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La ley de nietos permite, en virtud de una disposición dentro de la ley de memoria democrática dictada el 19 de octubre de 2022, a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, siempre que acrediten los requisitos de haber nacido fuera de España, que el padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.
Sin embargo, una semana después el Gobierno aprobó una instrucción que decía que se "presumirá" la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron entre 1936 y 1955. EFE
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