Un exconsejero vio "oscura" la operación colombiana de la trama Lezo en Canal de Isabel II

Madrid, 8 sep (EFE).- El exconsejero de Canal de Isabel II designado por el PSOE Rafael Merino ha testificado en el juicio de la trama de corrupción Lezo relacionada con el PP que apreció como "bastante oscura" la operación por la que esta empresa pública madrileña compró en 2001 el 75 por ciento de la colombiana Inassa.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes la vista, en la que se sientan en el banquillo 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros en el Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidió Alberto Ruiz-Gallardón y que en el momento de los hechos formaban parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II junto con otros nueve procesados en esta causa.

También son juzgados tres excargos de Canal de Isabel II, entre ellos su exgerente Arturo Canalda, y otros relacionados con Aguas de Barcelona S.A. (AGBAR).

La fiscal mantiene en sus conclusiones provisionales que la compra por el Canal de Isabel II del 75 % de Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa), que fue aprobada el 29 de noviembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se efectuó por 73 millones de dólares.

Añade que el Canal de Isabel II efectuó esa compra con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores", y explica que la operación se realizó a través de una sociedad panameña a la que AGBAR vendió su participación en INASSA.

En la jornada de este martes ha declarado como testigo Rafael Merino, que en la fecha de los hechos era miembro del Consejo de Administración de Canal de Isabel II por designación del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid.

Ha recordado que en la reunión del Consejo de Administración de Canal de Isabel II celebrada el 8 de octubre de 2001 los responsables de la empresa pública informaron de que la misma se planteaba ampliar su actividad en países de Latinoamérica con una inversión y que él votó a favor de que se estudiara la posibilidad pero no a una operación concreta.

No obstante, el testigo ha comentado que en las reuniones del Consejo de Administración los cargos de la empresa "daban explicaciones que la mitad de las veces no se entendían".

Rafael Merino ha añadido que se convocó otra reunión del Consejo de Administración de Canal de Isabel II para el 14 de noviembre de 2001, en la que se aprobó la compra del 75 por ciento de Inassa, a la que no asistió.

"Se me citó con tan solo 48 horas de antelación y me pasaron una documentación muy compleja sobre un asunto importante que solo podía entender un técnico economista y que requería que tuviera que consultar con un especialista y con mi grupo para ver lo que tenía que votar ya que figuraban cifras que se escapaban a mi visión", ha manifestado el testigo.

A juicio de Merino se trataba de "una cosa bastante oscura" y por eso decidió no participar en esa reunión, aunque ha asegurado que "venía todo hecho y el Consejo no valía para nada".

Al inicio de la sesión la presidenta del tribunal, Teresa García Quesada, ha comunicado la decisión de la Sala de rechazar la petición de las defensas de anular el juicio por prescripción del delito de malversación de caudales públicos, por el que la fiscal solicita penas de entre 6 y 7 años de prisión para los acusados, cuestión que resolverá en la sentencia.

Más de diez años después de que arrancase la investigación ha comenzado este primer juicio del caso Lezo, por el que fue detenido en 2017 el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, quien pasó unos seis meses en prisión provisional.

El también ex secretario general del PP de Madrid no se sienta de momento en el banquillo, al archivar el juez en 2019 esta primera pieza contra él, y será juzgado a partir de octubre por otra de las ramificaciones de la causa. EFE