Madrid, 8 sep (EFE).- El Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso ha escrito una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para recordarle que, desde marzo de 2025, le han remitido 134 expedientes de menores conflictivos en los que se solicita su reagrupación familiar.
La misiva, a la que ha tenido acceso EFE y que firma la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, lleva adjunto un informe según el cual estos 134 menores acumulan 382 incidencias y 268 denuncias, entre ellas 6 por delitos sexuales.
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En concreto, 25 de estos menores han sido denunciados por uno o varios delitos de robo, 40 por delitos de hurto, 13 por delitos de amenazas, nueve por delitos de lesiones, ocho por delitos de resistencia, seis por delitos sexuales, cuatro por delitos de quebrantamiento, tres por delitos de daños y uno, por delito de tenencia ilícita de armas.
"Los datos disponibles deberían hacerle reflexionar de una vez sobre la urgencia de actuar", le dice la consejera al delegado, al tiempo que lamenta que, a fecha de este lunes, "no consta la iniciación de ninguno" de los procedimientos de repatriación, y tampoco se ha "recibido respuesta" al "requerimiento formal" que la Comunidad de Madrid envió el pasado 27 de mayo.
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Además, 53 de estos 134 menores "ya han alcanzado la mayoría de edad", lo que frustra la finalidad de devolverlos a sus familias o a los sistemas de protección de sus familias de origen "mientras seguían siendo menores".
"No hablamos de una situación general ni del conjunto de los menores extranjeros no acompañados, sino de casos concretos, analizados individualmente por los profesionales, correspondientes a menores con especiales dificultades de adaptación y, en determinadas ocasiones, graves problemas de conducta, consumo de drogas o dinámicas delictivas", insiste Dávila.
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La consejera avisa igualmente que, "cuando la intervención policial ante conductas delictivas no encuentra una respuesta posterior, se genera una percepción de impunidad que perjudica tanto a los menores implicados como al resto y puede provocar un efecto de contagio sobre quienes inicialmente seguían un adecuado proceso de integración".
"Esta dejación no puede prolongarse más. Si, pese a las reiteradas advertencias de esta Comunidad, continúan produciéndose incidentes graves sin respuesta, no podrá alegarse desconocimiento de la situación", alerta Dávila, que advierte igualmente de que el Gobierno regional "llegará hasta el final para exigir el cumplimiento de la ley". EFE
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