Interpol ha detenido en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) al empresario Alejandro Hamlyn, cuya compañía Hafesa fue declarada culpable en un juicio por fraude de hidrocarburos celebrado en la Audiencia Nacional y al que él no se presentó al estar fugado. Además, Hamlyn está vinculado a la exmilitante del PSOE Leire Díez, pieza clave en una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectasen a los socialistas y al Gobierno.
Según ha adelantado 'The Objective' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press, la detención se llevó a cabo este lunes y se han iniciado los trámites para la extradición, un proceso que se dilatará unos meses.
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Por otro lado, fuentes judiciales han indicado a Europa Press que el empresario tenía una petición de extradicción de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional por la causa de hidrocarburos a raíz de su no comparecencia en el juicio, la cual estaba cursada y pendiente de su detención.
El nombre de Hamlyn adquirió notoriedad después de trascender unos audios de una reunión por videoconferencia en la que el empresario participó desde Dubái (Emiratos Árabes Unidos) con Leire Díez, en la que la exmilitante hablaba de recabar pruebas contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el fiscal José Grinda.
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En aquel encuentro, el empresario vasco se ofreció a facilitar información comprometedora contra la UCO y, a cambio, Díez habló de favores judiciales a cambio, de acuerdo a los audios filtrados. Sin embargo, ambos negaron con posterioridad esos dos extremos.
Los audios de esta reunión fueron el origen de la primera causa del 'caso Leire Díez' en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), en la que el magistrado Arturo Zamarriego imputó a la exmilitante, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol como presuntos autores de delitos de cohecho y tráfico de influencias.
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Esta causa fue remitida recientemente al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que integró esta parte de la investigación, relativa a maniobras contra la UCO, jueces y fiscales, a las diligencias relativas a la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y el Gobierno y los supuestos amaños en contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Por otro lado, la empresa la Audiencia Nacional condenó el pasado noviembre a multa a la compañía Hafesa Energía y a penas de cárcel a 14 personas por un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos de 154 millones de euros entre 2016 y 2019.
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