CEAR alerta de "graves retrocesos" en derechos humanos en la reforma de la ley de asilo

Madrid, 26 ago (EFE).- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado de "graves retrocesos" en los anteproyectos de ley de asilo y de reforma de la ley de extranjería aprobados por el Gobierno, que a su juicio ha optado por implementar "medidas más duras" de las que obliga la Unión Europea.

El Ejecutivo dio el martes luz verde a ambos anteproyectos, que inician ahora su tramitación y que deben ser aprobadas en las Cortes, para adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo que se aprobó en 2024, que incluyen varias novedades, como los exámenes de algunas solicitudes en la frontera, antes de entrar al país, y un acortamiento de los plazos.

Una apuesta que, según advierte CEAR en un comunicado, no atiende las "reiteradas demandas de las organizaciones de derechos humanos que reclamaban un pacto centrado en las personas y sus derechos, sino todo lo contrario". "Ha optado por opciones más duras, en la línea de los países con políticas más restrictivas en la Unión Europea", subraya.

Para la directora y el director general de CEAR, Mónica López y Mauricio Valiente, respectivamente, con el anteproyecto de ley de asilo, el Gobierno "plantea medidas regresivas que no solo se han mostrado fallidas, sino que ponen en grave peligro a personas que pueden necesitar protección internacional".

La organización, que pide al Gobierno que "recapacite y retire esa propuesta", lamenta que no se hayan tenido en cuenta sus propuestas, con un refuerzo de las vías legales y seguras, como la posibilidad de solicitar el traslado desde embajadas y consulados para presentar la solicitud de asilo en España.

Denuncia que la iniciativa establece causas no obligatorias para aplicar el procedimiento fronterizo, menos garantista, e incluye la elaboración de listados nacionales de países seguros, así como excepciones al derecho de asilo en situaciones de crisis o fuerza mayor, medidas que los Estados miembro no están obligados a aplicar.

El anteproyecto, aprobado cuando se cumplen más de tres semanas de la entrada de miles de personas migrantes en Ceuta, permite la extensión de las detenciones y de la privación de libertad, tanto durante el triaje -de 72 horas hasta 7 días con autorización judicial-, como durante el procedimiento fronterizo -de un máximo de 8 días pasaría a dos semanas-, denuncia CEAR.

La iniciativa -prosigue- dificultaría además la reagrupación familiar de las personas refugiadas al exigir requisitos económicos y de vivienda adecuada si se presenta la solicitud pasado un año, y propone "enormes retrocesos en garantías fundamentales como la libertad de movimiento, la reagrupación familiar, el derecho a la información y no aborda el reconocimiento de las persona apátridas". EFE