Madrid, 13 ago (EFE).- El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio para conocer las medidas para dar respuesta, de manera coordinada, a la crisis humanitaria que vive la ciudad autónoma de Ceuta tras el cruce irregular de la frontera de El Tarajal de más de 70.000 personas los pasados 30 y 31 de julio.
En concreto, la institución que dirige Ángel Gabilondo se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Migraciones, a la ciudad autónoma de Ceuta, a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno en Ceuta.
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A la Secretaria de Estado de Migraciones ha trasladado algunas de las quejas recibidas sobre las condiciones de precariedad que afrontan las personas que pernoctan a la intemperie ante la saturación de los centros y la ausencia de espacios de acogida, por carencias en el agua potable, duchas y elementos de aseo e higiene, ropa limpia, atención sanitaria insuficiente y escasez de alimentos.
Gabilondo expresa su preocupación por la situación de los menores extranjeros no acompañados, "muchos están todavía pendientes de identificar y escondidos en varias zonas de la ciudad autónoma", y especialmente respecto a las niñas que aún no se encuentran acogidas en el sistema de protección, "ya que alguna habría sido agredida sexualmente, según han publicado varios medios de comunicación en los últimos días".
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Por ello, ha solicitado información a la Fiscalía General del Estado y a la ciudad autónoma de Ceuta sobre las actuaciones que han emprendido para proteger a los menores no acompañados.
Además, el Defensor ha requerido información a la Delegación de Gobierno sobre el número de personas con necesidades de protección internacional que accedieron a Ceuta y que permanecen en la ciudad autónoma, de las personas que han solicitado asilo desde el pasado 30 de julio, y de las sometidas al triaje previsto por la legislación europea para nacionales de terceros países.
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Tras producirse el cruce irregular de la frontera, el defensor del pueblo mantuvo conversaciones con las principales autoridades de la ciudad autónoma y trasladó el pésame por los fallecidos, recuerda en un comunicado.
Asimismo, manifestó su solidaridad con el pueblo ceutí, que vive "días de incertidumbre y preocupación ante esta crisis", y señaló la necesidad de proceder a la acogida de los menores con la colaboración de las comunidades autónomas.
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Gabilondo insiste en la obligación de escuchar a los menores migrantes y de aplicar la legalidad, que incluye la ayuda de intérpretes y de abogados para determinar su condición y obrar en consecuencia. EFE
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