Estudian la entrega a EEUU del ecuatoriano investigado por el crimen de Villavicencio

Madrid, 13 jul (EFE).- La Audiencia Nacional celebra este martes una vista para decidir si extradita a EE.UU. a Wilmer Chavarría, Pipo, presunto líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa de Ecuador, y que está siendo instigado en su país por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villacencio en 2023.

Las autoridades estadounidenses le reclaman por su supuesta participación en una operación de narcotráfico para la introducción de cinco kilos de cocaína en California.

Chavarría está pendiente también de que se resuelva otra petición de entrega a su país para cumplir una condena de 16 años de cárcel por tres homicidios el 3 de julio de 2010 durante un tiroteo tras el asalto a una sucursal bancaria en el que fueron sustraídos 38.000 dólares.

En la vista de extradición celebrada por estos hechos el pasado 1 de junio en la Audiencia Nacional, pidió no ser entregado a su país y alegó que corría peligro su vida porque está amenazado de muerte por el Gobierno ecuatoriano.

Pipo fue capturado en noviembre de 2025 en Málaga, donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia tras fingir su muerte en Ecuador y al parecer se habría operado siete veces el rostro para no ser reconocido.

Tras su detención en España, fue interrogado en prisión a petición de la Fiscalía ecuatoriana como investigado en relación al asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio en 2023 y aseguró que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que el candidato asesinado ganara las elecciones de 2025.

En la anterior vista de extradición, Chavarría consideró que su imputación por este crimen "es un montaje" para conseguir su entrega a Ecuador.

Al igual que con la petición de entrega de Ecuador, la Fiscalía también ha apoyado su extradición a Estados Unidos, respecto a la que la defensa de Pipo alegará en la vista de este martes defectos formales y de fondo para oponerse a ella, según han informado a EFE fuentes de su defensa.

También va a denunciar una instrumentalización política del caso, al sostener que existe una coordinación entre Ecuador y EEUU para burlar a la Justicia española y que consistiría en que, de ser aceptada su entrega a Ecuador, este país acordaría su 'reextradición' a EE.UU.

A este respecto recuerdan que el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, -al que dice que oyó asegurar que fue Noboa quien ordenó el asesinato de Villavicencio- reconoció públicamente un pacto con EE.UU. para que Chavarría acabe en el país norteamericano, decida lo que decida la Audiencia Nacional.

Destacan además que la petición de extradición de EE.UU. es posterior a la de Ecuador y que se produjo después de que la Audiencia Nacional denegara entregar a Ecuador al presunto líder de la banda de Los Tiguerones, William Joffre Alcívar Bautista, "Negro Willy", por no entregar ese país en plazo las garantías necesarias para garantizar la vida en prisión del reclamado.

A esto se añade, según la defensa de Pipo, que, de acuerdo al tratado bilateral de extradición entre España y Estados Unidos, el delito debería haberse cometido en territorio estadounidense, y de lo que se le acusa es de haber conspirado, mientras estaba en “Ecuador, Colombia y otros países”, para la introducción de cinco kilos de cocaína en California, lugar en el que el reclamado nunca habría estado.

Su defensa tilda además de “manifiestamente infundada” la reclamación estadounidense y lo basa en que está plagada de fechas aproximadas y lugares inconcretos, y en el expediente se recoge una conversación interceptada en la que se señala que el cargamento iba dirigido a “Baja California”, zona situada en México y no en EE.UU.EFE