Las denuncias por impedir pagar en efectivo en piscinas municipales se disparan en verano

Madrid, 9 jul (EFE).- La plataforma Denaria, la asociación que defiende el acceso y el uso del efectivo, ha recibido en tres años más de 500 quejas y consultas de personas que denuncian no haber podido pagar en efectivo distintas compras o servicios, incluido el acceso a piscinas municipales, que se disparan en verano.

Ningún establecimiento puede negar el pago en efectivo y la única limitación viene establecida por la cantidad de 1.000 euros que el Gobierno impuso como tope dentro de las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

El Tribunal de Justicia Europeo declaró obligatorio aceptar pagos en efectivo en Europa y desde mayo de 2022 la negativa a aceptar el pago en metálico es sancionable, por lo que Denaria anima a denunciar cualquier situación en la que se prive a un ciudadano de este derecho a través de su propio canal de quejas gratuito.

Desde su puesta en marcha, el 28 de junio de 2023, el canal ha recibido 283 llamadas y 221 correos electrónicos y ha tramitado 74 denuncias formales por la negativa a aceptar el pago en efectivo, según ha detallado este jueves Denaria en un comunicado.

Durante el primer semestre de 2026 el canal ha atendido 27 comunicaciones ciudadanas, de las que 12 proceden de afectados interesados en presentar una denuncia formal y 11 son quejas por la negativa a aceptar el efectivo, incluido en servicios municipales y no solo en empresas privadas.

Junio ha sido el mes de mayor actividad del semestre, el doble que el mes anterior, y en su mayoría sobre la imposibilidad de pagar en efectivo en piscinas públicas municipales, lo que en opinión de Denaria confirma que los servicios de titularidad o gestión pública siguen figurando entre los ámbitos con mayor número de incidencias.

En el conjunto de los tres años de funcionamiento del canal, la Administración Pública sigue concentrando un volumen muy destacado de quejas, con episodios recurrentes en ayuntamientos de toda España (por servicios como piscinas y polideportivos municipales, museos, aparcamientos o trámites de empadronamiento), así como en universidades públicas y en estaciones de inspección técnica de vehículos de titularidad pública.

En el sector privado, las empresas de servicios de transporte concentran una parte relevante de las quejas, con denuncias que han afectado a compañías aéreas, ferroviarias, de autobuses y de alquiler de vehículos.

Le siguen los establecimientos comerciales y de restauración, que incluyen desde supermercados y grandes superficies hasta cadenas de comida rápida, hoteles, gimnasios, festivales y empresas de ocio y eventos. EFE