Bilbao, 9 jul (EFE).- La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha considerado "una buena noticia" la inadmisión de la cuestión de constitucionalidad planteada por el TSJPV sobre un artículo de la ley de Empleo Público, en vigor desde 2024, y ha valorado que "los consensos que tanto han costado construir" sobre esa norma "no se han roto".
El Tribunal Constitucional decidió, en la sesión del 23 de junio, no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV respecto del artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público Vasco sobre los perfiles lingüísticos en la administración.
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco había considerado que este artículo condicionaba la sentencia definitiva sobre el recurso interpuesto por Vox contra artículos del Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso de euskera en el Sector Público Vasco, algunos de cuyos artículos también recurrió el PP.
En declaraciones a los medios, Bengoetxea ha considerado "una noticia "positiva" la resolución del TC, ya que "los consensos" sobre esa ley de empleo público y sobre el artículo 187.5 que "han costado construir, y que tanto tiempo llevan en vigor, no se han roto".
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El Gobierno Vasco conoció ayer "por los medios de comunicación que el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite esa cuestión de constitucionalidad" y aún no dispone del auto.
La vicelehendakari ha constatado que "siguen pendientes la resolución de los recursos del Partido Popular y de Vox al decreto que hoy tenemos en vigor" y, por tanto, el Gobierno Vasco espera aún la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
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Ha recordado que el Parlamento vasco aprobó hace 15 días una ley que "buscaba dotar de mayor seguridad jurídica a los procesos de convocatorias públicas, sin incrementar las exigencias en los perfiles".
Ha aclarado que esa nueva ley no implica que las "administraciones vascas "vayan a poder hacer lo que quieran", "ni va a suponer unas exigencias desorbitadas respecto a cualquier ciudadano que quiera presentarse a un empleo público".
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"Cada administración va a poder construir su propio índice" sociolingüístico de plazas, "con proporcionalidad", "en atención a la situación social lingüística del municipio" y "en función de la plaza o del puesto" y a los procesos de normalización de cada administración.
Con todo eso, la ley "tiene mayor seguridad jurídica y sin mayores exigencias", ha sentenciado.
A partir de ahora, ha dicho, el departamento de Política Lingüística tendrá que desarrollar el decreto para que las administraciones puedan aplicarlo.
Ha constatado que PP y Vox "están acostumbrados" a recurrir algunas normas y por lo tanto podrían recurrir ésta última. "Respeto el derecho de cualquier persona acudir a la justicia, pero también confío en que, como Gobierno, vamos a ser capaces de desarrollar esa ley para dotar de mayor seguridad jurídica a las convocatorias públicas de las administraciones, sin incrementar las exigencias de perfiles a los ciudadanos", ha asegurado. EFE
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